Una decisión errónea

La relación que he mantenido con los periodistas ha dibujado en mí, con el paso de los años, un curioso compendio de sensaciones y afectos que van desde la amistad más fiel a la indiferencia, pasando por la incomprensión. En mi carrera política y en mi vida personal las vivencias al lado de los periodistas han sido intensas, aleccionadoras, frustrantes, pero, debo admitirlo, importantísimas en cualquiera de los casos. Y no por aquello de que la clase política busca amigos en la prensa, la radio y la televisión para que hablen bien de uno; no, eso tiene más de mística, de demagogia barata, que de verdad. Jamás, jamás, le he pedido a un periodista, aun siendo amigo mío, que dejara de decir o dijera una cosa u otra de mí. Es más, creo que esa distancia entre el profesional y el amigo o conocido es la que me ha permitido mantener esas amistades a lo largo de los años. Evidentemente, hay periodistas que nunca me creerán, que consideran todas mis ideas, opiniones o acciones como interesadas y que, en definitiva, no les merezco respeto. A esta alturas de la vida, eso ya me da igual.

Viene a colación este preámbulo a cuenta de lo sucedido este miércoles en el Parlamento de Canarias, donde sus señorías -entre las cuales no estaba yo, pero que de haber estado no hubiera cambiado mi posición un ápice respecto a la que voy a expresar en estas líneas- aprobaron un texto durísimo hacia los contenidos editoriales del periódico El Día. No me voy a erigir yo en defensor de ese medio de comunicación, una empresa privada, pero sí voy a mostrar mi disconformidad con el citado acuerdo parlamentario. Creo que se ha abierto un camino, creo que inédito en la democracia española, en el que una institución política de la talla de un Parlamento se ha inmiscuido en la línea editorial de un medio de comunicación. Lo triste es que es un camino abierto con un único fin y horas después de su aprobación más de uno ya se ha dado cuenta de que se ha generado un problema distinto, incluso más peligroso que el que se le atribuye a los escritos censurados.

Aclaro, para aquellos que ya tienen el puñal pleitista en la mano, que no voy entrar a valorar los contenidos de los citados editoriales -como no lo he hecho nunca respecto a otros muchos que he leído en otros periódicos de Canarias- porque entonces entraría en la misma línea errónea en la que ha caído el Parlamento. Del mismo modo que afirmo lo anterior, me gustaría recordar varias cosas. Hay delitos, como la incitación a la xenofobia, que están recogidos en el Código Penal, por lo que debería ser la Justicia la que tendría que actuar si creen que se vulnera esa legislación. En España, la posibilidad de que exista la libertada ideológica está amparada en la Constitución, un texto cuya grandeza reside, entre otras cosas, en que permite que se esté en contra de ella misma. Un claro ejemplo es que en Cataluña gobierna un partido político independentista, republicano, que rechaza el sistema de monarquía parlamentaria que marca la Constitución y que, ¡oh gran delito!, proclama que el futuro de Cataluña pasa por la independencia -tal cual- respecto al Estado español. En la historia reciente de España hay muchos ejemplos de medios de comunicación que, aun estando en contra de la Constitución, atacaron ferozmente al sistema democrático o, incluso, acusaron a altas instancias del Estado de delitos como genocidio o tortura y no fueron objeto de una recusación parlamentaria. En estos casos, no en todos, quien actuó y sigue actuando es la Justicia, esa a la que ahora muchos tachan de partidista. Ha sido un juez el que ha ordenado el cierre de periódicos, el secuestro de alguna publicación o exigido una rectificación, no el Congreso de los Diputados. Parece mentira que en una Comunidad Autónoma como Canarias, con la cantidad de problemas a los que se enfrenta, como el alto índice de fracaso escolar, con una presión demográfica importante, con el fenómeno de la inmigración y sus consecuencias, con las necesidades existentes en materia sanitaria, con una tasa de paro creciente, con una ciudadanía que exige mayores cotas de seguridad, etcétera, el Parlamento regional no sea capaz de alcanzar acuerdos en esas materias pero sí para reprobar a un medio de comunicación.

El editorial de un periódico es la expresión de las ideas y opiniones de una empresa e, insisto, creo que los límites sobre el contenido de cualquier editorial o expresión pública de ideas y pensamientos están recogidos en el Código Penal y en el Civil, ya que la libertad de expresión y pensamiento es un derecho fundamental en una sociedad democrática como la nuestra. Las administraciones públicas no deben ser los jueces que juzguen la libertad de expresión, sino, precisamente, sus valedores. "Estoy en desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida por defender tu derecho a expresarlas", decía Voltaire, y creo que la filosofía y compromiso con la libertad de expresión que encierra esa frase es la que debería predominar en el seno de las instituciones públicas democráticas. Dicho esto, creo que es deber de todos, insisto, de todos los canarios, sean de la isla, ciudad o pueblo que sea, luchar por la unidad, la concordia y el buen entendimiento entre todos los isleños. Hecho que, por otro lado, no pongo en duda, ya que creo que, dados los problemas y retos del futuro a los que se enfrentan hoy en día los canarios, no hay cabida para el pleito insular; no creo que esté entre sus preocupaciones.

Si los partidos políticos llevan a las instituciones, que son la representación de todos, juicios sobre las líneas editoriales o informativas de los medios de comunicación, se abre un paisaje sin límites. Basta echar la vista atrás en la historia de las Islas para que sea fácil poner algunos ejemplos en que las líneas editoriales de algunos medios han entrado de lleno en el absurdo del pleito capitalino. El Poder Legislativo no está calificado, a mi juicio, para imponer sanciones morales o ejercer reprensiones públicas a los contenidos editoriales de las empresas de comunicación. Si no se vulnera la ley, la opinión es libre. Libre no sólo cuando nos gusta o estamos de acuerdo con lo que se dice, sino precisamente cuando ocurre lo contrario. Defender la libertad, y dentro de ella la de opinión, sólo cuando es cómodo o nos favorece carece de mérito alguno.

Ayer mismo, un vecino de Santa Cruz me preguntaba que qué pasaba con El Día, que por qué se había montado tanto lío. Resultó que era lector del citado periódico, que rechazaba algunos de los editoriales, que era votante del PSOE, que yo no le caía bien y que, entre malhumorado y decepcionado, me pedía que hiciera algo para que la gente no se quede en el paro. Sobre las dos últimas apreciaciones hablamos un rato -no sé si lo convencí de algo-, en cuanto a lo del periódico no fui capaz de dar una respuesta coherente y guardé silencio porque en Canarias, para según qué cosas, hay muchas varas de medir la libertad de expresión.