Los dueños de la Casa Roja dicen que "nos echaron sin una orden judicial"

J.D.M., S/C de Tenerife

Los dueños de la Casa Roja ubicada en el número 13 de la calle Cornisa Cuarta de Residencial Anaga y derribada por mandato judicial cumplieron el pasado viernes, 19 de septiembre, dos años desde que fueron desalojados de la vivienda para acatar una sentencia originada en la denuncia de una vecina. Pedro Díaz y Esperanza González denuncian ahora que se sintieron "engañados porque nos han dicho en el juzgado que no hay ni nunca hubo orden de lanzamiento judicial, sin la cual no podían desalojarnos legalmente de nuestra casa".

Después de un par de aplazamientos, la tarde del 19 de septiembre de 2006 se procedía a poner en marcha la operación de desalojo de Pedro y Esperanza. No llegó a producirse porque después de una tensa e intensa intervención del suboficial de la Policía Local, Blas Hernández, aceptaron marcharse de manera voluntaria sin que tuviera que intervenir la dotación de la Unipol que estaba preparada para ello.

Dos años después, intervalo en el que han sufrido un calvario con diversos cambios obligados de casa al acabarse la indemnización que cobraron para alquileres, Pedro y Esperanza se acercaron hace unos días al Juzgado número dos de los Contencioso-Administrativo, que llevó su caso, "para pedirle al secretario del juez Jaime Guillarte que nos diera una copia del lanzamiento judicial de los ocupantes de la casa, o sea nosotros".

Cuál sería la sorpresa de los afectados al contestar el funcionario que "no existía ningún auto en el cual el magistrado dijera eso, sólo uno que instaba a Urbanismo a cumplir la sentencia de demolición. Nos comentó que el juez no resuelve sobre si hay ocupantes o no; por lo tanto, entendemos que hemos salido coaccionados".

Pedro y Esperanza añaden que, para poder ejecutar la sentencia, "Urbanismo tenía que haber negociado con nosotros ante notario sobre la indemnización por los muchos y dolorosos daños, el proyecto, la licencia, la construcción de la casa, etcétera. Si no negociaban, el Gerente (entonces José Tomás Martín) hubiera tenido que ir a la cárcel por no poder ejecutar la sentencia y con haber salido de esa manera le hicimos un gran favor a Urbanismo".

El matrimonio desalojado afirma que "muchas veces me dijo el abogado de Urbanismo que al gerente lo había metido la denunciante por la vía penal por no cumplir la sentencia y que, por favor, saliéramos de nuestra casa porque ya veríamos que en dos años estaríamos en la nueva vivienda". Pedro y Esperanza recuerdan que "sólo se puede desalojar de una vivienda a los propietarios con una orden judicial porque nosotros teníamos toda la documentación de la casa en regla y no somos delincuentes".

Terminan explicando que "el gerente le dijo en repetidas ocasiones a nuestro abogado que sí había una orden de lanzamiento, pero que estaba en el Juzgado. Nos sacaron, pues, ilegalmente, atemorizándonos con la presencia de la Policía Local y este argumento debería conocerlo el alcalde, Miguel Zerolo. Nos han engañado y cada vez estamos más convencidos de que nunca teníamos que haber salido de nuestra casa".