Semana de Tribunales

Semana loca en las Bolsas mundiales, de las que la española no ha sido una excepción: a dos desplomes dramáticos, que enviaron el índice Ibex-35 a mínimos, sucedió una espectacular subida de las cotizaciones, como nunca se había registrado antes. ¿Tiene todo esto algo que ver con la crisis económica que nos aflige? Sin duda; pero lo ocurrido estos últimos días nos ofrece una enseñanza, a saber: que para una correcta evaluación de la situación general, no es un buen instrumento la observación de lo que pasa en los mercados bursátiles durante un período corto de tiempo. Lo que acabamos de presenciar sólo tiene un adjetivo que lo califica, que es el de espasmódico, de forma que únicamente podemos concluir una tautología: lo que reflejan las Bolsas con sus espasmos es que vivimos días espasmódicos, pero una tendencia no se define, no se puede definir, por estos movimientos convulsivos; es necesario prestar atención a otros indicadores más estables de la actividad económica, y estos, por desgracia, están donde estaban y siguen la tendencia pesimista que conocemos.

Franquicias de la ETA

Por lo demás, la estrella política de la semana ha sido la sentencia del Tribunal Supremo declarando ilegal otra de las franquicias nominales de la ETA, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). Esta sentencia viene a añadirse a la de días atrás, ilegalizando a Acción Nacionalista Vasca (ANV), otra de las marcas usadas por la organización terrorista para tener presencia en las instituciones y acceso al poder local y autonómico y, también, a las subvenciones con dinero público y la infraestructura operativa que todo eso lleva consigo.

Es demasiado reciente el recuerdo de lo sucedido con estas dos tapaderas de la banda asesina para que ahora las citadas resoluciones del Supremo pasen como si tal cosa. Cuando se preparaban las últimas elecciones municipales y autonómicas de la primavera del año pasado, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior hicieron encajes de bolillos para permitir que esos dos partidos ahora ilegales pudieran tener alguna presencia en los ayuntamientos vascos y navarros, y en el Parlamento foral navarro. Con criterios perfectamente arbitrarios se seleccionaron las listas que las franquicias de la ETA presentaban, y lo que resultó fue que, en Navarra, una de ellas obtuvo poder en el Ayuntamiento de Pamplona y la otra en el Parlamento foral.

Era el tiempo en que el Gobierno de Rodríguez Zapatero estaba en negociaciones políticas con los asesinos; pero como el presidente se obstinaba en negarlas, el fiscal general hubo de inventarse estas concesiones con el argumento (?) de que impedir a ANV y al PCTV acudir a los comicios habría sido un "Guantánamo electoral" (!). Luego pasó lo que pasó, y hoy el presidente del Gobierno es el mismo de entonces, el fiscal general y el ministro del Interior, también, y los de la banda terrorista ocupan sus sillones institucionales hasta 2011.

No han sido pocas las voces políticas y de la sociedad civil que han exigido del Gobierno que extraiga la consecuencia lógica de las sentencias del Supremo y proceda a desalojar a la ETA de las instituciones, puesto que existen instrumentos legales para hacerlo. Pero el Gobierno, por todas las trazas, se va a seguir haciendo el distraído, y continuará contestando a estas reclamaciones con vagas referencias al cumplimiento de la ley y sin mover un dedo.

El Tribunal Constitucional

Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a ser protagonista en los medios de comunicación. El jueves 18 envió a la opinión pública una "nota informativa" en la que detalla el muchísimo trabajo que tiene sobre la mesa, lo que justificaría que todavía no haya emitido sentencia sobre los recursos presentados contra el Estatuto de Cataluña, que además se ha visto entorpecido con recusaciones y otras incidencias procesales.

En el TC están muy molestos por lo que llaman "presiones políticas y mediáticas" que recibe esta institución en relación con este asunto. Pero ocurre que en la naturaleza de la democracia está que el TC reciba presiones políticas: en una dictadura no hay presiones, sino órdenes; las presiones son propias de las sociedades libres. Y en el sueldo de los magistrados está el resistirlas, y también el cumplir su cometido con arreglo a las formas y plazos establecidos en la ley. Lo segundo no lo cumplen, y lo primero lo veremos cuando se emita finalmente la sentencia. Lamentablemente, hay ya experiencias de cesión a las presiones, entre las que destaca la de la expropiación de Rumasa por Decreto-Ley.

Y un último apunte en relación con el TC: ya se han filtrado algunos nombres de candidatos a magistrados en su próxima renovación. Uno de ellos es Enrique López, hasta ahora portavoz del Consejo General del Poder Judicial propuesto por el PP. Un medio de comunicación ha sugerido que López podría verse privado de intervenir en el examen del Estatuto catalán, puesto que como vocal del CGPJ se pronunció en contra. Sorprendente interpretación de la figura de la "contaminación" de los jueces; por esta regla de tres, sólo podrían aspirar a formar parte del TC quienes jamás hubieran opinado sobre nada. Quizás sea a esta clase de presiones a las que se refieren las informaciones que nos llegan sobre el malestar de los magistrados. Pero incluso estas tonterías forman parte del paisaje, y resistir a ellas también les entra en el sueldo.

Posdata

Valentín Villarroel, el piloto que quedaba en la Comisión que examina el trágico accidente del avión de Spanair, ha dimitido en protesta por las filtraciones de documentación a los medios. Las organizaciones de pilotos responsabilizan a Fomento de estas filtraciones para evadir sus responsabilidades. Seguramente llevan razón, pero en las elecciones del 9 de marzo entraba también la permanencia de Magdalena Álvarez al frente del Ministerio. Tenemos lo que hemos querido.