Afectados de cirugía cardiaca del HUC reclaman 2 millones

DORY MERINO, Tenerife

Trece familias que pertenecen a la asociación de afectados por "presuntas negligencias" en el servicio de cirugía cardiaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC) presentarán a partir del próximo lunes demandas de responsabilidad patrimonial contra la Consejería de Sanidad, en las que reclamarán más de dos millones de euros "por una presunta mala praxis en este servicio durante los años 2004 y 2005", tal y como precisó el abogado José Luis Langa.

El presidente de la Asociación de Afectados, Nicolás Sosa, junto con el asesor jurídico, anunciaron ayer en rueda de prensa que reclamarán a Sanidad una compensación económica y que se investigue lo sucedido en el servicio de cirugía cardiaca del HUC durante esos dos años.

Asimismo, precisaron que una de las demandas, ya valorada, llega a los 600.000 euros, teniendo en cuenta que también se valora el daño que han sufrido los familiares directos del afectado y los daños morales, además de los físicos. El abogado de esta asociación recalcó que "no hay dinero en el mundo para compensar los daños". En su opinión, "los daños morales son evidentísimos. Hay familias destrozadas y lo que ha sucedido tiene secuelas permanentes más los casos de fallecidos", reiteró el abogado.

Preguntado acerca de la elección judicial, Langa explicó que los afectados consideran que no se ha producido dolo, puesto que estiman que no ha habido intención en el daño, sino una presunta negligencia o mala praxis.

La asociación aglutina a quince familias, alguna de ellas con familiares que han fallecido en ese servicio del HUC, según precisó Langa, quien recalcó que nadie duda de la buena actuación del HUC, ya que están orgullosos del servicio que prestan.

"Sin embargo, dentro de este centro hospitalario ha habido ciertas irregularidades presuntas y aunque tengo que decir presuntas hay base suficiente para interponer una demanda", aseguró el abogado.

Langa explicó que esta asociación partió desde el conocimiento de una auditoría practicada en el HUC por dos jefes del servicio de cirugía cardiaca de centros hospitalarios peninsulares, uno de Madrid y otro de Barcelona. Y en base a ese informe se crearon dudas sobre si las personas que habían sido intervenidas en el periodo de tiempo analizado eran afectadas por una presunta negligencia médica.

"Nos dirigimos al secretario general técnico de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, diciéndole nuestras inquietudes y que probablemente pondríamos una posible demanda de responsabilidad patrimonial contra la Administración. Le solicitamos el informe de la auditoría y nos dijo que tendríamos que pedirlo por escrito, lo hicimos y el Consorcio Sanitario de Tenerife nos dijo que ese informe no se podía dar porque estaba incluido dentro de unas diligencias que se instruyen en Fiscalía. Sin embargo, hemos conseguido ese informe de manera confidencial", explicó.

Apuntó que están pendientes de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía tras la demanda puesta ante el Colegio de Médicos por el médico Ignacio Díaz de Tuesta, que denunció el funcionamiento de este servicio.

Langa afirmó que también han pedido la auditoría al Consorcio Sanitario de Tenerife, que se la ha negado con el argumento de que estaba incluida en el expediente de la instrucción penal iniciada por la Fiscalía. Langa criticó "el baile de cifras", lo que los lleva a pensar que ha habido algo "no explicado del todo". Insistió en que los afectados quieren que se aclare qué fue lo que ocurrió en una respuesta "clara y contundente".