Decenas de vecinos de El Remo defienden sus casas ante los tribunales

M.CH., Los Llanos

Al igual que hicieron en su momento los vecinos de La Bombilla, que están a la espera de las resoluciones judiciales pertinentes, varios habitantes de El Remo, en el extremo Sur de Los Llanos de Aridane, se han organizado para contratar los servicios del abogado José Ortega, representante de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, para evitar que sus casas sean derribadas. Se trata, además de algunos inquilinos ubicados en el dominio público protegido, de una decena de ciudadanos que cuentan con una vivienda en la zona de servidumbre de paso o en suelos privados.

Por ello, los vecinos han denunciado la actuación del departamento estatal ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya que, según manifiesta el letrado que los representa y experto en la interpretación de la legislación vinculada al litoral, "estas casas no sólo no deberían ocuparse para su derribo, sino que, en todo caso, para poder ejecutar el proyecto que quieren hacer tendrían que ser expropiadas". Este mismo caso se extiende a otros puntos del litoral, como La Bombilla y Fuencaliente.

En estos momentos, concretó Ortega, "estamos a la espera de una resolución, en fase de recabar las pruebas pertinentes para apoyar el recurso contencioso administrativo que se ha presentado".

La extensión de los expedientes de recuperación posesoria hacia la zona de servidumbre de paso, que pretende ocupar Costas y que es en realidad por donde se desarrollarán los paseos marítimos que se han planteado, afirma el letrado, "no se ajusta a derecho, porque se pretende ejecutar sobre unos terrenos privados, que no están en dominio público. En todo caso, deberían ser expropiados y no intervenir en una parcela con propietario para derribarle su casa. Eso es una locura. Lo que intentan es basarse en subterfugios legales de manera fraudulenta con una finalidad que no es la prevista en la Ley, ya que la normativa de Costas prevé que esos expedientes se apliquen a los bienes situados en el dominio público y no en servidumbre de tránsito, todo con el objetivo de que salga gratis".

Así, los afectados entienden que lo que Costas llama "restitución de la legalidad" no es más que "un ejercicio de interpretación de la Ley en el peor sentido posible, para conseguir terrenos gratis para el paseo marítimo. Para ello, se saltan los trámites ordinarios de un procedimiento regulado por Ley. No respetan el proceso legal, por lo que no tienen base jurídica".