D.M./E. PRESS, Tenerife
Javier es un tinerfeño de 33 años, con una minusvalía del 84 por ciento, que todavía está a la espera de que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario atienda su solicitud de prestación de la Ley de Dependencia, según manifestó a EL DÍA.
Este vecino de Santa Cruz solicitó su prestación como dependiente el pasado mes de enero y recibió la visita de los técnicos el 14 de febrero, con el fin de evaluar su situación y valorar la prestación a la que tiene derecho.
Ayer se quejaba de que todavía no ha recibido respuesta, siete meses después. Criticó esta ley, "porque se ha vendido a bombo y platillo, pero los usuarios no la están percibiendo", apuntó.
En su caso concreto, explicó que se ve en la obligación de tener que pagar a una persona para que le ayude durante varias horas al día, en las tareas básicas que él no puede realizar solo.
Indicó que tampoco recibe la ayuda domiciliaria del Ayuntamiento de Santa Cruz por el sueldo que percibe su mujer por su trabajo, algo incongruente en su opinión, porque la pareja tiene un hijo de corta edad y necesitan ese sueldo.
Javier ha confiado en la Consejería y ha esperado la llamada para conocer su valoración y prestación, pero afirma que ya tiene pocas esperanzas de que su situación sea atendida pronto, sobre todo después de la última llamada que hizo al departamento correspondiente de Bienestar Social, hace unos días, donde le dijeron que todavía están revisando las solicitudes del año 2007.
"A este ritmo, acabamos el año sin solución", manifestó este santacrucero, quien argumentó que él y su familia necesitan de verdad esta ayuda y que se ha fiado del Gobierno canario, aunque ahora duda de que cumpla sus promesas.
Beneficiarios
Precisamente ayer, la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, aseguró que un total 564.000 personas dependientes han solicitado algún tipo de ayuda o prestación derivado de la Ley de Dependencia, de los que 345.000 ya se benefician de estos recursos.
Durante la sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra indicó que se han valorado los casos de 464.000 dependientes y agregó que dicha norma, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, ha generado más de 70.000 puestos de trabajo.
Para Cabrera, "la puesta en marcha de esta Ley tiene una complejidad que el Gobierno ya preveía".
"Hay muchos recursos puestos sobre la mesa y estamos en camino de resolver la complejidad de la puesta en marcha de la ley. Estamos poniendo en pie el cuarto pilar del Estado de bienestar y eso requiere tiempo y un horizonte muy claro", señaló la ministra.
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