COLPISA, Madrid
El Tribunal Supremo quiere resolver esta misma semana los procesos de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), iniciados en febrero pasado a instancias del Gobierno y la Fiscalía, que consideran que ambos partidos son "instrumentos" de la banda terrorista ETA para burlar la ilegalización de Batasuna.
Los 16 magistrados de la Sala Especial comenzaron ayer a deliberar, en sesiones de mañana y tarde, el fallo del proceso contra ANV, a partir de las pruebas presentadas en las vistas celebradas en el pasado mes de junio y de los escritos de alegaciones finales de las acusaciones y la defensa.
El tribunal comenzará mañana otra deliberación idéntica respecto del PCTV, después de que los abogados de este partido abertzale apurasen el plazo para la presentación del alegato final, que llegó ayer mismo al registro del alto tribunal.
La Sala Especial trabaja con la perspectiva de anticipar los fallos de ambos procesos el jueves o viernes próximos, antes de que en los días siguientes se puedan notificar las dos sentencias en toda su integridad.
Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer su apoyo a la reclamación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que hace semanas pidió al juez Baltasar Garzón que le ceda la investigación penal abierta para determinar si los dirigentes del PCTV han colaborado con ETA para mantener viva a la ilegalizada Batasuna.
El magistrado de la Audiencia Nacional, que tiene imputados a los cuatro principales dirigentes del PCTV y a otros veinte dirigentes de la izquierda abertzale que en el año 2007 recibieron fondos de este partido, ordenó, el pasado mes de febrero, la suspensión cautelar de las actividades de la formación. Baltasar Garzón deberá decidir en los próximos días si acepta la inhibición.
Investigación
El Tribunal Superior de Justicia vasco reclamó la inhibición de la Audiencia Nacional en la resolución por la que abrió una causa penal por delitos de terrorismo contra Nekane Erauskin y Karmele Berasategi, dos de los nueve diputados que el PCTV tiene en el Parlamento vasco. Es el órgano judicial competente para investigar a las dos parlamentarias por tratarse de miembros aforados de la Cámara de Vitoria y por ese motivo cree, como la Fiscalía, que debe hacerse cargo de toda la instrucción para preservar la unidad de investigación y evitar resoluciones contradictorias.
El tribunal superior considera que la documentación que el propio Garzón les remitió el 12 de febrero pasado para que asumiese el juicio contra las dos diputadas contiene indicios que permiten investigar a ambas por los presuntos delitos de colaboración con ETA, asociación ilícita y malversación de caudales públicos o fraude de subvenciones. La principal acusación contra ellas es la presunta descapitalización de la cuenta del grupo parlamentario, en octubre de 2007, con el envío de 440.000 euros a dirigentes de Batasuna, EKIN y Segi.
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