La Oficina para las Regiones Ultraperiféricas, promesa incumplida de Zapatero

EL PRESIDENTE del Gobierno nacional, Sr. Rodríguez Zapatero, en su debate de investidura celebrado el pasado 9 de abril, refiriéndose a Canarias y a su status como región ultraperiférica, y tras señalar, de forma claramente propagandística, que había sido una constante del Gobierno que aún entonces presidía en funciones, la defensa de ese status en el Tratado de la Unión Europea, en el Tratado de Lisboa, etc., anunció que en el plazo de dos meses el Gobierno ubicaría en el Archipiélago una Oficina para las Regiones Ultraperiféricas, es decir, una oficina de información, gestión, apoyo, asesoramiento y defensa de las regiones ultraperiféricas, añadiendo que se trataba de una iniciativa incluso personal, atendiendo a lo que representan estas regiones, a la importancia que tiene para Canarias y al papel que juega España en el seno de la Unión Europea, siempre promoviendo iniciativas de acuerdo con la realidad de lo que es una región ultraperiférica, añadiendo que el presente y EL futuro de Canarias están íntimamente vinculados a la Unión Europea.

Pues bien, han pasado más de dos meses y la citada oficina aún no se ha creado. Además de la fuerte crítica que cabe hacer, sin duda, al presidente del Gobierno por esta promesa incumplida, se atisba un claro problema, que es el de la ubicación física de la misma en el Archipiélago, con lo cual nos encontramos ya o nos vamos a encontrar próximamente ante un nuevo episodio del pleito insular.

En su marcha de la Delegación del Gobierno en Canarias, el delegado saliente don Salvador García Llanos, se lamentó de no haber conseguido lograr, entre las gestiones que estaba realizando en el corto espacio de tiempo en que estuvo al frente de aquélla, la creación de dicha oficina en la propia Delegación del Gobierno, con lo que está claro que quería decir que se estaba pretendiendo ya su ubicación en la ciudad sede de este último órgano, esto es, en Las Palmas de Gran Canaria. Mal empezamos.

Posteriormente, hemos leído que dos parlamentarios del PP por esta provincia, el diputado don Gabriel Mato y el senador don Antonio Alarcó, han abogado por su establecimiento en La Laguna, aduciendo como razón para ello la designación de dicha ciudad como Patrimonio de la Humanidad y que también doña María del Mar Julios, presidenta de CC en Gran Canaria, se ha pronunciado, en cambio, a favor de que fuese Las Palmas la sede de la citada oficina, sin justificar de ninguna manera el motivo.

No sabemos cuál es la situación exacta del tema en la actualidad, pero no cabe duda de que se intuye una cierta lucha partidista y política al respecto, al menos en el seno de CC y del PP, y no tanto en el caso del PSC-PSOE, donde la natural y tradicional sumisión de todos sus miembros, incluso los tinerfeños, a la dirección regional del partido en Las Palmas, hará que la postura del ínclito López Aguilar, que será sin duda favorable a su creación en esta última ciudad, será la que triunfe en el seno del partido, uniéndose así a la presión que será ejercida además desde la propia Delegación del Gobierno, desde el Cabildo Insular de Gran Canaria, desde el Ayuntamiento de Las Palmas, etc. Organismos todos ellos del mismo color político que el del Gobierno central, que, lógicamente, no tiene muchas simpatías ni por Santa Cruz de Tenerife ni por La Laguna, donde gobierna Coalición Canaria, en el primer caso, como se sabe, con apoyo del PP y al que, por tanto, se le hará cuesta arriba designar a Santa Cruz de Tenerife o a La Laguna sede de la aludida oficina.

Creemos que, a tenor de lo anterior, podría decirse, una vez más, que, en principio, ésta es una causa perdida para Tenerife, salvo que impere de nuevo el espíritu que presidió la redacción del Estatuto de Autonomía y que se establezca una oficina con sede compartida entre las dos ciudades capitalinas, la cual podría tener una jefatura alternante entre ambas por determinados períodos de tiempo, tal y como ocurre actualmente con la Presidencia del Ejecutivo regional. No hay por qué sentar la base de que la sede tiene que estar necesariamente donde está la ciudad sede de la Delegación del Gobierno, porque en ese caso también la ciudad sede del Parlamento debería tener un notorio peso específico y las dos capitales canarias es evidente que, además, ostentan, simultáneamente, la capitalidad compartida de Canarias.

En todo caso y a fin de que por el Gobierno central se pueda adoptar una decisión justa, es preciso que los políticos de Tenerife, sin distinción de colores, luchen con fuerza a partir del próximo curso político en conseguir que la sede de la mencionada oficina se establezca en Tenerife. Los primeros en hacerlo deberían ser los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quienes, adelantándose a los de Las Palmas, deberían aprobar y por unanimidad, a la mayor brevedad, una moción en la que reclamasen para esta capital, por razones históricas de capitalidad única del Archipiélago, por ser actualmente capital compartida de Canarias, por ser la sede del Parlamento autonómico, por ser la capital de la isla más grande y la de la isla de mayor población, etc., el establecimiento de dicha Oficina en Santa Cruz de Tenerife. Todo ello antes de que Las Palmas de Gran Canaria haga valer, que lo hará, sus supuestos títulos. Tiempo queda para que, por razones salomónicas, la sede sea, finalmente, compartida con Las Palmas o que, con fundamento en el motivo esgrimido por los parlamentarios del PP antes citados, la sede de la misma pueda ser La Laguna, con lo que Tenerife está claro que, al final, al menos no saldría perdiendo.