Decadencia de la judicatura

Lo terrible no es que apenas se haya multado con 1.500 euros al juez Tirado por no haber ejecutado la pena de ingreso en prisión del pederasta, ya condenado en firme por haber abusado de su propia hija, que terminó asesinando a la pequeña Mariluz; lo terrible y escandaloso es que haya que sostener esta evidencia frente a una judicatura que entiende muy mayoritariamente que esta sanción es incluso excesiva puesto que la responsabilidad de la omisión corresponde a otros escalones secundarios de la oficina judicial.

No debería ser necesario decir que, de la misma manera que el director de un periódico es profesional, moral y jurídicamente responsable de cuanto se publica en él, o que el titular de un Ministerio ha de asumir políticamente la responsabilidad de cuanto desde el Departamento se realiza, el titular de un juzgado es profesionalmente responsable de los aciertos, errores y omisiones que emanen de tal institución. No cabe, en fin, alegar que el disparate de mantener en libertad a un peligroso criminal fue culpa de quien no avisó al juez de la situación. El magistrado a cargo de un juzgado debe cuidarse de organizar el trabajo de su equipo de tal modo que tales omisiones no sean posibles. En definitiva, un juzgado sobrecargado de trabajo como era el caso podrá fallar o registrar retrasos en asuntos procesales secundarios, pero no en los vitales. Nunca será admisible que se mantenga a un delincuente agresivo en libertad por error o que permanezca también por error en prisión un día más de los de la condena quien ha pagado su deuda con la sociedad.

Todo esto es evidente y nítido para todo el mundo salvo para quienes están unidos al juez Tirado por un vínculo corporativo.

Tres de los cinco miembros de la comisión disciplinaria pero no sólo ellos: las asociaciones judiciales y la mayoría de los jueces que han hecho declaraciones están de acuerdo con negar la responsabilidad de Tirado. Es decir, a juicio de esta corporación, la seguridad del sistema judicial no descansa sobre el sólido bastidor de los jueces y magistrados sino sobre la dudosa formación y competencia de los segundos escalones, del personal subalterno de los juzgados. Es para echarse a temblar. Por la opinión y por lo aberrante del razonamiento que la produce.

Puede concluirse que los jueces no están a la altura. Y esta afirmación se refuerza al observar el silencio impasible con que la inmensa mayoría de la corporación judicial ha contemplado el penoso espectáculo de la formación del nuevo Consejo General del Poder Judicial. No sólo los partidos han recurrido una vez más al sistema de cupos, con lo que los designados se deshumanizan y se convierten en piezas de un puzle, sino que las grandes formaciones no han disimulado esta vez sus intenciones particularistas: algunos consejeros han pasado directamente y sin solución de continuidad de un cargo político al Consejo. Y otros más deben su designación a que han sido capaces de agitar las aguas judiciales en asuntos de fuerte carga política (el caso del ácido bórico o el caso del incendio de Guadalajara). Así, los puestos del CGPJ ya no sólo son cubiertos mediante criterios clientelistas sino también para pagar servicios políticos prestados.