El Pleno del Cabildo acordó solicitar al Gobierno de España una moratoria para Canarias del Real Decreto 661/2007 por el que se establece la tarifa regulada, que va de los 41,75 euros por kilovatio hora (suelo) a los 45,70 euros (techos), para la energía solar fotovoltaica, que finaliza el 29 de septiembre de 2008. Esta prima, que ha permitido la rentabilidad de la actividad generadora de electricidad a partir de una fuente inagotable como es el sol, ha servido para que hayan visto la luz importantes proyectos fotovoltaicos. El Cabildo entiende, a través de una moción de CC y aprobada por unanimidad, que han sido muchas las razones por las que las energías alternativas no se han desarrollado en Canarias al ritmo que lo han hecho en el territorio peninsular. Por un lado, la lejanía del continente, "lo que encarece y dificulta las inversiones"; y, por otro, la escasez del suelo, que "se encarece y hace que sea muy difícil su gestión", además de redes eléctricas "muy pequeñas" y la necesidad de usar transformadores especiales. Estas circunstancias contribuyen "al aumento de los gastos y al retraso en la entrega de las instalaciones", por lo que pide más tiempo para terminar, al menos, los proyectos ya iniciados.
