Cuestión de confianza

Tanto Paulino Rivero como Zapatero han coincidido esta semana en solicitar confianza a los canarios y a los españoles, pero el problema es que, a pesar de lo que digan los medios nacionales y las encuestas oficiales, esa confianza está cuestionada para ambos por la realidad que sufre cada día la mayor parte de la población. Al menos la más débil. Los dos dirigentes reclaman a los agentes sociales y empresariales que contribuyan a generar esa confianza. Pero no es posible, cuando los datos de los distintos indicadores socioeconómicos que van publicándose cada semana socavan esa confianza en los dos ejecutivos y no sostienen, en ningún caso, las afirmaciones, promesas y medidas con las que pretenden hacer frente a la crisis que ZP sigue sin reconocer, aunque ya ha admitido el "momento delicado", el "brusco frenazo" o el "práctico estancamiento".

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Cierto, Pepe Ignacio, que, como se queja Zapatero, resaltando la oposición y los medios los aspectos negativos de la crisis no se genera confianza. Pero mucho menos ocultándolos. Eso no sería un sistema democrático. Ya bastantes medios espurios tienen los poderes públicos para disfrazarlos. Rivero y Zapatero han confesado que no tienen recetas mágicas, ni medidas que aplicar que vayan a surtir efectos inmediatos. ¿Por qué no se plantea la "cuestión de confianza" parlamentaria, y dan paso a otros líderes que tuviesen las ideas más claras? Esa sí sería una solución democrática. Pero no, ambos presidentes se limitan a ganar tiempo para seguir detentando el poder. Y aunque sea patente la falta de confianza de los ciudadanos, como eso no puede reflejarse en unas elecciones inmediatas, ni se puede construir una nueva mayoría parlamentaria, los políticos de todas las tendencias se limitan a lanzar cortinas de humo para enmascarar la realidad o proclamas alentando al personal a que soporten el sacrificio que ya castiga a miles de familias en toda la nación, y a Canarias particularmente. Y es que los políticos no generan confianza no sólo porque la gente no se crea la eficacia de las medidas propagandísticas que lanzan, sino porque son decisiones que no pueden cambiar las estructuras de la noche a la mañana. Sobre todo porque la gravedad de la crisis los desmiente cuando las están anunciando. Como le pasó el miércoles a Zapatero, cuando hablaba en el Congreso quitando hierro a la crisis, y echando la culpa al exterior de que sacuda tan gravemente la economía española, y desde Bruselas, su compañero de partido, Almunia, remachaba la predicción del vicepresidente Solbes, el día anterior, anunciando que España entraría en recesión en este semestre. Pero lo más hipócrita es cuando Solbes dijo el jueves en TVE que, por lo menos, "si la recesión sirve para limpiar la economía y remontar la situación, no tiene la mayor importancia". Y se escudaba en que la comisión europea anunció también recesión en lo que queda de año no sólo para España, sino también para Alemania y Reino Unido.

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Y es que los contradictorios anuncios de decisiones que tardan meses y años en ser efectivas para el cuerpo social provocan efectos indeseados y desfases insalvables que agravan la situación de los ciudadanos, máxime cuando se lanzan cortinas de humo, mera propaganda, que de paso ayuda a ir cambiando el consenso de la Transición, cuando los políticos pretenden entretenernos con asuntos que sólo sirven para llenar los espacios de lo que Felipe González calificaba de "opinión publicada". Que no hay que confundirla con lo que realmente preocupa a los ciudadanos. Los gobiernos pueden tener poderosos instrumentos de intoxicación de la opinión pública, a la que venden auténticos explosivos que fragmentan la cohesión nacional, como la ampliación del aborto, para de paso favorecer a los amigos del negocio de las clínicas abortivas, lo que no debe crear muchos empleos; o la eutanasia asistida; la "deseducación de la ciudadanía", o la recuperación de la memoria histórica, sólo para los de un bando, a los más de setenta años de un fratricida enfrentamiento incivil. ¡Nada de eso, Pepe Ignacio, construye país!

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Como tampoco lo que en tiempo inoportuno se le ha ocurrido al presidente de Canarias replantear ahora, con la que está cayendo, como la actualización del Estatuto del Archipiélago. Cierto que hay respetables opiniones que lo apoyan, como la de este periódico. Con el que ya sabes, Pepe Ignacio, que históricamente hemos lealmente discrepado en la cuestión de la soberanía canaria. Es cierto que el sr. Rivero podría ir negociando un mejor "estatuto especial" para Canarias, como el de Cataluña, lo que se contradice con lo que afirma a renglón seguido, de que nuestro Régimen Económico y Fiscal es mejor que el Estatuto de Cataluña, y que lo que hay que hacer, y en eso sí parece, a nuestro juicio, ajustarse a la realidad, es crear empleo e invertir en infraestructuras y crear una industria alternativa a la construcción y el turismo. En eso se afanan nuestros socios europeos para hacer frente a la crisis. Pero nada le hemos oído decir a don Paulino de invertir también en tecnología y conocimiento. Y por eso tiene de nuevo la huelga del profesorado. Aparte de las maniobras sindicales para que sus liberados sigan cobrando de los presupuestos públicos, enseñanza y sanidad son sectores prioritarios para ganar la confianza y satisfacción de los ciudadanos, aparte de garantizarles trabajo, vivienda y coste de vida estable.

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Abrir de nuevo el melón de la reforma del Estatuto en este contexto socioeconómico, es otra cortina de humo en la que hasta pueden llegar a estar de acuerdo la mayoría de los partidos parlamentarios canarios, e incluso llegar a consensos en el Parlamento de la Nación. Pero no es esa la voluntad mayoritaria de los canarios, a juzgar por los escasos votos que obtuvieron los partidos independentistas, secesionistas y nacionalistas. Tampoco es un tiempo para más autonomía del Estado, aunque ZP se empeñe en decir que sí a todo. Pero ya vemos la eficacia que tuvo su gestión anunciando la paz con el terrorismo para el año pasado y el pleno empleo para esta Legislatura. Y no es momento de más autonomía, porque el Tribunal Constitucional, igual que ha parado el referéndum de Ibarreche, va a recortar la del Estatuto catalán, cuando se digne a sentenciar los recursos de inconstitucionalidad que viene retrasando con evidente intención de no hundir más a Zapatero en la sima en la que él mismo se metió. Si no se va a resolver la financiación de las autonomías, ni de los ayuntamientos en la actual situación de crisis social, económica y de confianza como en la que estamos, debiera el presidente Paulino centrarse en hacer una buena negociación de lo que aporte el Estado a Canarias en los Presupuestos de 2009, e ir tejiendo el consenso para una reforma estatutaria, una vez se hayan celebrado todos los congresos regionales que están en puertas de los partidos canarios, y sepa con quién tiene que pactar, aparte de ponerse a resguardo de una posible cuestión de confianza parlamentaria, antes de que acabe la legislatura autonómica. Lo mismo le puede pasar a Zapatero, si sigue sacando esos conejos de su chistera, como el que desde el Estado se ayude a los malos constructores a salir de la crisis, si invierten en viviendas de alquiler, cuyo anuncio ya ha disparado los alquileres en toda España, transformándose la burbuja de la casa comprada por la del globo del minipiso alquilado. ¡Menos mal que el ministro de Industria les mandará una bombilla de poco consumo! Con eso ya podremos llegar a fin de mes.