EL DÍA, S/C de Tenerife
La consejera delegada de la Sociedad Canaria de Fomento Económico, SA (Proexca) empresa pública adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias Cristina Reyes, presentó ayer su dimisión, alegando "motivos personales", según precisó a EL DÍA.
Esta decisión se produce pocos meses después de que accediera al cargo tras la renuncia del anterior titular, Gerardo del Caz Esteso.
Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda del Ejecutivo autónomo corroboraron, a preguntas de EL DÍA, que la dimisión se produjo a primera hora de la mañana, tras lo cual se despidió personalmente de toda la plantilla de Proexca.
Reyes, que en la pasada legislatura ejerció como consejera de Economía, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, bajo las filas del Partido Popular, puntualizó a este periódico que el consejero autonómico de Economía, José Manuel Soria, tuvo conocimiento de su determinación previamente, a través de ella misma.
Por ello, subrayó que será el quien en su momento informe debidamente sobre los pormenores de esta circunstancia, así como de su sustituto al frente de la entidad pública.
Aunque su relevo no se hará oficial hasta el próximo Consejo de Gobierno, ya se conoce el nombre del nuevo responsable de Proexca, que tal y como confirmaron fuentes del departamento regional, se trata de Javier Mariscal, que en la actualidad desarrolla su labor profesional como técnico de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Las Palmas, donde durante muchos años ha atesorado una gran experiencia en el campo del comercio exterior.
Del mismo modo, el que se convertirá en breve en nuevo regidor de Proexca es hermano del diputado del PP por Las Palmas, Guillermo Mariscal.
Cristina Reyes, que destacó que "su marcha ha sido de la manera más sosegada posible", pasa así a formar parte de una larga lista de consejeros que han dirigido esta sociedad durante los últimos años, entre los que, además de Gerardo del Caz, figuran Diego León y Fernando Calero.
Proexca ha estado bajo sospecha por presuntas irregularidades en su gestión, no en vano ha sido la entidad pública de Canarias objeto del mayor expediente de fiscalización.
De hecho, el propio José Manuel Soria reconoció hace unos meses durante una intervención en el pleno del Parlamento autonómico la existencia de numerosas "deficiencias, aunque no ilegalidades".
Por otro lado, en los últimos tiempos ha sido objeto de duras críticas por parte de diversas asociaciones empresariales por favorecer supuestamente los intereses de las entidades radicadas en Las Palmas en detrimento de las ubicadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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