EUROPA PRESS, Zaragoza
La consejera de Sanidad de Canarias, María Mercedes Roldós, criticó ayer el documento sobre financiación aportado por el Ministerio de Sanidad para su debate en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebró en Zaragoza, por falta de cifras y de propuestas concretas.
Roldós manifestó, en declaraciones a los medios de comunicación, que el documento recoge reflexiones, pero "no es el momento de hacer reflexiones, que podemos compartir, sino de hacer propuestas concretas y cuantificación", teniendo en cuenta, además, "que estamos elaborando los presupuestos para el próximo año en una situación de crisis económica importante e incluso de una posible recesión económica".
La consejera reclamó para su comunidad un "reconocimiento" de lo que ha dejado de percibir" ante el incremento de la población de los últimos años. Según precisó, la comunidad canaria tiene una financiación per cápita por debajo de la media del Estado. Así, mientras que por cada vasco el Estado aporta 1.600 euros por habitante y año para la financiación sanitaria, por cada canario aporta 900 euros, dijo Roldós.
La consejera lamentó este trato "desigual" y anunció que va a pedir al ministro de Sanidad, Bernat Soria, y al Gobierno central, "que se atiendan las reivindicaciones de Canarias para poder seguir teniendo un sistema sanitario público de calidad". La consejera recordó que la deuda sanitaria del Estado con Canarias se eleva a los 1.000 millones de euros y que cada año dejan de percibir 200 millones.
Proyecto del aborto
Mercedes Roldós se refirió también al proyecto de Real Decreto que establece diversas medidas para garantizar la intimidad, confidencialidad y equidad en la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, "que no debe enmascarar el debate de fondo, el debate importante", que es el de la financiación.
La consejera estimó que ese Real Decreto es "absolutamente innecesario" y recalcó que "por primera vez en la historia un decreto sanitario viene firmado por un ministerio diferente al de Sanidad, que es el de Igualdad".
"No se entiende un decreto en el que se intenta garantizar la confidencialidad y que tiene un anexo eminentemente clínico" sea rubricado por la ministra de Igualdad, comentó la consejera, que agregó que el proyecto "no aporta nada" ya que pretende garantizar la intimidad y la confidencialidad "algo que ya está regulado en nuestro país a través de la ley de protección de datos y de la ley de autonomía del paciente".
Más bien, agregó, "puede poner en dificultad todo el proceso de continuidad asistencial, que está dentro de la historia clínica del paciente y que es un elemento fundamental en la prestación sanitaria" y también puede ocasionar dificultades en el proyecto de la historia clínica electrónica, única y compartida, que están desarrollando todas las comunidades.
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