COLPISA, Madrid
El PP va a presentar en breve una proposición de ley en el Congreso para modificar la actual normativa de víctimas del terrorismo e introducir una en-mienda adicional en la que se obligue a toda las administraciones a retirar cualquier elemento que sirva de exaltación a los terroristas.
La portavoz del grupo popular, Soraya Saénz de Santamaría, remitió ayer una carta a su homólogo socialista, Antonio Alonso, y al titular del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que invita al PSOE a respaldar la iniciativa. La dirigente popular insta a los socialistas a "suscribir conjuntamente" la proposición de ley que, en todo caso, el PP anuncia que "presentará en el Congreso a la mayor brevedad posible".
La misiva de Sáenz de Santamaría es, según explicaron fuentes de la dirección del PP, la respuesta del partido opositor al anuncio "unilateral" del Gobierno de adoptar medidas de control para los terroristas y pederastas excarcelados. El PP considera que el anuncio de los titulares de Justicia e Interior no respetó el acuerdo al que llegaron el 23 de julio Zapatero y Rajoy, según el cual los dos grandes partidos irían de la mano en las grandes reformas legales. Los dirigentes populares, que aseguran que se enteraron de las reformas del Código Penal por los medios de comunicación, hablan de "deslealtad".
Decenas
El texto del PP asegura que la proposición de ley daría "inmediata solución al problema derivado de las placas y demás elementos conmemorativos del terrorismo de ETA". En su exposición de motivos, la propuesta recuerda que "actualmente son decenas los etarras cuyos nombres son dados a calles y avenidas en diferentes municipios del País Vasco y en algún caso Navarra".
"Esta proposición de ley -continúa el escrito- pretende dar una respuesta desde la sociedad civil a la incomprensión y al dolor que sufren las víctimas del terrorismo y sus familiares al ver que los asesinos y los terroristas son ensalzados y homenajeados por las atrocidades cometidas".
La reforma que pretende introducir el PP en la ley de víctimas obligaría a "todas las administraciones públicas" a "adoptar todas las medidas conducentes a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas como nombres de calles, plazas, avenidas, parques y cualquier tipo de monumento, de exaltación, personal o colectiva, del terrorismo o de terroristas".
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