COLPISA, Madrid
El Gobierno propondrá este otoño al Parlamento una reforma del Código Penal que contempla la imposición de 20 años de libertad vigilada a los pederastas, delincuentes sexuales y terroristas reincidentes que, aunque hayan cumplido sus penas, presenten a los ojos de la administración riesgo de reanudar sus crímenes tras su salida de prisión.
Las anunciadas medidas de control post-condena, que quedarán definidas cuando el Legislativo aborde la reforma, podrán consistir, según el plan inicial del Ejecutivo, en vigilancias por parte de las fuerzas de seguridad, personaciones en el juzgado, tratamientos médicos y psiquiátricos, la obligación de portar pulseras telemáticas o de asistir a programas formativos.
Los ministros de Justicia e Interior, Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente, dieron a conocer esta propuesta tras reunirse durante más de dos horas para delinear las líneas maestras de la proposición de ley de reforma del Código Penal, que en general endurecerá los castigos contra los criminales sexuales, sobre todo si las víctimas son menores de edad, y los terroristas.
La futura reforma, en cuya letra pequeña trabajan ahora las comisiones técnicas de ambos ministerios, fue pactada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, en su reunión del pasado 23 de julio. El Ejecutivo espera sumar al acuerdo al resto de grupos durante la tramitación.
La novedad más llamativa de estos cambios, que en ningún caso tendrán carácter retroactivo, es la creación de una pena accesoria de libertad vigilada que posibilitará que los delincuentes sexuales que Fernández Bermejo definió como "con mal pronóstico" puedan salir a la calle tras cumplir sus penas, pero con limitaciones a su libertad durante "20 años". Esa es la intención inicial, si bien el responsable de Justicia subrayó que "la letra pequeña llegará" para establecer la medida "proporcional" a la gravedad de los delitos por los que el reo fue castigado. Se trata, explicó, de que la sociedad "pueda defenderse" mediante vigilancias e incluso "el sometimiento a tratamiento coactivo" si fuese preciso.
La reforma contemplará castigos específicos para delitos sexuales cuyas víctimas sean menores, ya sea la captación o tráfico de niños con fines pornográficos o la compra de sus servicios.
Dentro de esas conductas, la Justicia contemplará además como agravantes aquellos comportamientos que pongan en peligro la vida de un menor.
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