La irresponsabilidad imperante

CUANDO, en la cuestión planteada, a nivel nacional y europeo, el horno no estaba para bollos por el grave accidente del avión de Spanair en Barajas, van unos 20 trabajadores del aeropuerto del Sur de Tenerife y se retiran de sus puestos de trabajo para demostrar y generalizar una protesta. La causa de esta protesta, que se produjo el 22 de agosto último, es por las condiciones laborales que se ven obligados a cumplir. La Guardia Civil se presenta en el aeropuerto y detiene a seis de esos operarios en la primera redada. Los infractores no pertenecen a Aena, sino a la empresa privada Seguridad Integral Canaria, contratada para trabajar en el aeropuerto Reina Sofía. Considera la Benemérita que cometieron el delito de omisión o abandono injustificado del servicio y alteración del orden público, además de provocar retraso de uno de los vuelos programados. Los sindicatos consideran que es una intromisión de la Guardia Civil en conflictos laborales. Y ya está armado el lío, que se resolverá en los juzgados.

Pero lo cierto, y lo que no tiene disculpa, es que un aeropuerto se quede sin vigilantes porque las condiciones laborales no les gustan a los trabajadores. Hay otras formas de abandonar un trabajo, si no se está conforme, sin ocasionar semejantes ocasiones de peligro en un centro tan expuesto a accidentes como un aeropuerto.

Esto, en la Justicia militar puede llevar hasta la última pena, que aquí es la de muerte. En la Justicia civil también hay penas severas correspondientes al abandono, sin causa, de un servicio fundamental que atañe a vidas humanas.

Que el Instituto Armado haya recurrido a la detención son formas de conducir a un delincuente, aunque sea presunto, a presencia del juez. No hay ilegalidad en el fondo, aunque puede que sí en las formas, que eso no lo sé. Confío en que la Guardia Civil hizo lo debido. Pero los sindicatos siguen con sus trapisondas denunciadoras, que hubieran sido otras si, por no estar en su puesto de vigilancia, ocurre cualquier accidente. Aunque hay otros conflictos laborales que se admiten a pesar de la influencia que tienen en la salud de las personas a las que el Estado tiene la obligación de atender, como, por ejemplo, la vergonzante huelga de ambulancias que sufrió Tenerife no hace mucho tiempo.