EL DÍA, S/C de Tenerife
El presidente canario, Paulino Rivero, apeló ayer, ante una nutrida representación de empresarios de la provincia tinerfeña, a lograr un apoyo "de la sociedad civil" a su proyecto de Estatuto de Autonomía especial para Canarias ya que, dijo, no confía en que los partidos políticos del Archipiélago se pongan de acuerdo para sacar adelante ese proyecto, por lo que sólo lo cree posible cuando exista "un clamor" popular.
Invitado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), una de las entidades empresariales más antiguas de España, y en presencia de la prensa, Rivero habló de "movilización" y de "mayor compromiso" y trató de convencer a su audiencia, durante un desayuno en el hotel Mencey, de la capital tinerfeña, de la importancia de que Canarias cuente con lo que ha venido en llamar "estatus especial" dentro del Estado, para no estar al albur de quien gobierne en Madrid. En ese sentido, dijo sentir "envidia" de los catalanes por la coincidencia de todos los sectores sociales en exigir al Gobierno central la aplicación del Estatut, incluso aquellos que no apoyaron su actual redacción. Entre los sectores que le gustaría siguieran ese proceder, Rivero citó a los empresarios, a los sindicatos y a los medios de comunicación.
El presidente canario recalcó que contar con un estatus especial no es un asunto de partido, sino de interés general y tiene "toda la lógica del mundo" desde el momento en que no perjudica la solidaridad interterritorial -como ocurre con algunas reivindicaciones de otros partidos nacionalistas, reconoció-, sino que sólo beneficia a un territorio que, por su lejanía de la Península y su condición insular, tiene unas necesidades totalmente diferentes al resto de las comunidades. Si esa condición especial ya la ha reconocido la UE, ¿por qué no el Estado español?, vino a decir Rivero, quien expuso, una vez más, algunos de los puntos de ese estatus: que cuando el Gobierno central pretenda modificar la ley de Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias la opinión del Gobierno autónomo sea vinculante y no sólo preceptiva, como ahora; el reconocimiento de las aguas interiores como "mar canario", algo que, dijo, permite el Derecho Marítimo Internacional; la capacidad para decidir sobre intervenciones en las costas; las competencias sobre los aeropuertos o, al menos, participar en su gestión con el Estado; competencias sobre el servicio aéreo interinsular, es decir, el control de tráfico aéreo dentro de las Islas; la gestión de los controles fitosanitarios en las aduanas canarias, y el derecho a participar en las delegaciones españolas que negocien con la Unión Europea asuntos que afecten a Canarias.
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