El Gobierno prepara un decreto que fomenta las antenas de telefonía móvil

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Con la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del proyecto de decreto por el que se acuerda iniciar el procedimiento de elaboración de las directrices de ordenación de las telecomunicaciones, el Gobierno de Canarias añade leña al fuego que desde hace varios años enfrenta a numerosos grupos vecinales y a las compañías de telefonía móvil por la colocación de antenas de gran potencia en los núcleos urbanos, ya que, entre otros criterios reguladores, se apuesta por "promover la instalación de líneas de alta capacidad, servicios de banda ancha y otros medios de mejora de la efectividad de las comunicaciones".

Además, velará porque en los suelos destinados a actividades productivas y los estratégicos se incluyan estos elementos radioeléctricos en la planificación, aunque también alude a que la leyes de edificaciones y viviendas introduzcan estas infraestructuras como propias de la urbanización, de manera que los edificios estén preparados desde su construcción para albergar estos dispositivos.

Asimismo, establece como objetivo "asegurar el desarrollo de la sociedad canaria y de su entorno económico y social garantizando el acceso de calidad por parte de ciudadanos y empresas a los servicios actuales y futuros de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, garantizando para ello la cobertura de las telecomunicaciones en todas las islas por igual".

Obviamente, la reacción de los colectivos de afectados o contrarios a la cercanía de las antenas de móviles han puesto el grito en el cielo. "Primero porque la propia norma contempla que, tanto duran-te la fase de redacción, como del avance, como para su aprobación inicial, se realizarán contactos en la forma más amplia posible con las administraciones, instituciones y organizaciones sociales, y no tengo constancia ni de que se nos haya llamado a nosotros (Plataforma de Afectados de Antenas de Telefonía Móvil de Canarias) ni a ninguna otra", explica el secretario de Planmocan, Antonio Porras.

Y es que, aunque el último punto del artículo 5 dedicado a la participación alude a que se recabará la participación expresa de las principales asociaciones ecologistas, empresariales, sindicales, colegios profesionales, operadores de telecomunicaciones y de cualquier otra organización que tenga conocimientos específicos sobre la materia o cuyos intereses se pudieran ver afectados, hasta la fecha no se ha invitado a ninguna asociación contraria a las antenas de telefonía móvil a participar en esta normativa "y ni siquiera nos avisaron de su publicación, de manera que tuvimos que ir nosotros directamente a la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para que nos dejaran ver el documento", señala Porras.

Concretamente, Planmocan alu-de a que "este decreto nos ha disgustado, porque el Gobierno ni si-quiera considera el principio de precaución, es decir, contemplar la posibilidad de que potencialmente todas las emisiones radioeléctricas, sean de antenas de telefonía móvil o de otro tipo, son peligrosas, y an-te esa posibilidad establecer mecanismos de seguridad y prevención para la población. Desde las operadoras se nos intenta desprestigiar y quitar importancia a nuestras denuncias alegando que todo el mundo usa en su casa el microondas y que por eso nadie piensa que enferme; pero es que se utiliza sólo unos minutos, mientras que una antena encima de una vivienda está funcionando todos los días del año a todas las horas".

Más concretamente, esta organización asegura que "el Gobierno de Canarias debe cumplir el artículo 43 de la Constitución que reconoce el derecho a la protección de la salud", y también cumplir con el principio de protección, que se basa en que "aunque no se ha demostrado la inocuidad ni lo perjudicial de las antenas, fundamentalmente por la dificultad de establecer la causa que genera esos efectos, se deben considerar todos estos sistemas radioeléctricos potencialmente peligrosos y prevenir el contacto de forma continuada de cualquier ser vivo con ellos".

Por su parte, las tres compañías de telefonía móvil que operan en las Islas han manifestado su apoyo al decreto, ya que "en Canarias es necesario que se articulen medidas que permitan garantizar que todas las personas reciben el servicio con la misma calidad y, ahora mismo, la calidad del servicio es deficiente debido a la negativa de los ayuntamientos a conceder nuevas licencias para la instalación de antenas".