Madrid, EFE El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado con 1.500 euros al juez Rafael Tirado por no ordenar ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, una decisión que para el padre de la menor "avergüenza a todos los jueces".
La comisión disciplinaria del CGPJ ha impuesto -por tres votos a dos y de acuerdo con la propuesta formulada por el instructor del expediente abierto al magistrado por este órgano- dicha multa a Tirado por su actuación como magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla y por una falta grave contemplada en el artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Los 1.500 euros son la mitad de la máxima prevista para las faltas graves, que son castigadas con multa de 300 a 3.005 euros.
Tras conocer esta decisión -la última de dicha comisión disciplinaria tras el acuerdo para la renovación del CGPJ-, el padre de la niña, Juan José Cortés, se ha mostrado confiado en que se rectifique porque, a su juicio, "avergüenza a todos los jueces" y supone un "golpe a toda la sociedad española".
"Va a ser el Consejo que haya escrito la pagina más negra de la Justicia española", ha manifestado en declaraciones a los periodistas, a los que ha indicado que "a lo último que nos queríamos agarrar en esta vida es a la justicia, y nos ha defraudado".
Cortés ha instado al Gobierno central, "que es el representante de todos los españoles", a que tome la iniciativa, y ha añadido: "Espero que se produzca una rectificación y pueda volver a confiar en la justicia, e igual que yo toda la sociedad española".
El presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, fue condenado en noviembre de 2002 por Tirado a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005.
La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses en el juzgado de Tirado.
El instructor del expediente, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea, concluyó que el retraso al tramitar la causa se justificaba por la situación del Juzgado, con una plantilla "muy justa" y gran carga de trabajo.
Para la Fiscalía, sin embargo, los hechos constituían una falta muy grave de desatención y por ello propuso que el juez fuera sancionado con la suspensión por hasta tres años, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera judicial.
Así, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha considerado que "sería bueno" que el Ministerio Público recurriera la decisión del CGPJ y ha anticipado que le consta que "están ya pensando en un posible recurso".
Por su parte, el juez Rafael Tirado recurrirá el acuerdo de la comisión disciplinaria porque, según ha apuntado su abogado, "no está contento en absoluto" y "no acepta ni siquiera que se trate de falta grave".
Según el letrado, las responsabilidades por el retraso de la tramitación de la sentencia que condenaba a Del Valle es "un fallo colectivo en el sistema de las ejecuciones penales", y ha añadido que es una práctica habitual en España el intentar buscar algún culpable cuando hay un fracaso colectivo.
Para la presentación de los recursos ante el pleno del CGPJ, la Fiscalía y el juez Tirado tienen un plazo de un mes, por lo que en ese caso la última palabra ya sería tomada por el nuevo órgano de gobierno de los jueces.
Desde el Gobierno andaluz, la consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, ha opinado que el CGPJ "ha perdido una gran oportunidad de trasladar a la ciudadanía que la justicia llega a todos los rincones y a todo el mundo".
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