S. ESPECIAL, Caracas
La participación de efectivos de los cuerpos de seguridad en la distribución ilegal de municiones preocupa a las organizaciones de derechos humanos.
"Hay policías con una altísima responsabilidad en que los jóvenes de las zonas pobres reciban balas y armas", afirma Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela.
"Es un problema de salud pública y de derechos humanos", dice Alfredo Ruiz, integrante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. La estadística crece a diario: con balas se cometieron el 90% de los más de 100.000 homicidios registrados en los últimos 10 años en el país, según los datos recopilados por el Observatorio Venezolano de la Violencia.
Hay 120.000 funcionarios de organismos policiales y de la Guardia Nacional en el país, según los estudios que realizó la Comisión de Reforma Policial en 2006. Si sólo 1% del total desvía una caja de 50 municiones, en un año se completarían 60.000 cartuchos.
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