COLPISA, Madrid
Gobierno y PSOE salieron ayer en defensa del juez Garzón ante las críticas del PP y de sectores de la judicatura por su solicitud de información a distintos estamentos sobre los fusilamientos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El ministro del Interior sostuvo que Garzón no trata de reabrir heridas con su investigación, como afirmó Rajoy, "sino, por el contrario, de cerrarlas".
Pérez Rubalcaba consideró que el paso dado por Garzón es "bastante sensato" y mostró su perplejidad por el hecho de que pueda "molestar" a alguien que se intente esclarecer lo que pasó con las víctimas republicanas en la Guerra Civil y con los represaliados por la dictadura. "No entiendo -dijo el ministro- que tantos años después nos preocupe que una persona busque a su padre o a su madre para enterrarlo". Señaló que "hay que comprender" a las familias, que sólo quieren que los restos de sus seres queridos "estén definitivamente enterrados", algo que es "un derecho" de toda familia y condición inexcusable para empezar "el duelo" por el fallecido.
El secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, tachó de "absolutamente injustas y desmedidas" las críticas vertidas hacia el juez, cuando el único objetivo de su investigación es satisfacer la demanda de muchas asociaciones y familiares que sólo quieren determinar "dónde están enterrados" sus deudos sin reclamar "ninguna otra contraprestación".
"Barbaridad"
El dirigente socialista lamentó "la barbaridad" de determinadas acusaciones del PP, ya que algunos de sus dirigentes han llegado a sostener que Garzón incurre en "prevaricación" con su pretensión de esclarecer unos hechos acaecidos hace seis y siete décadas.
También se mostró disconforme con las descalificaciones al juez el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarría, quien lamentó que hayan sido "tan virulentas y brutales" cuando su finalidad es determinar si es competente para abrir una investigación judicial. Olabarría señaló que los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo pueden ser calificados como "delito imprescriptible contra la humanidad", como ha ocurrido con los de las recientes dictaduras de Argentina y Chile.
El PP, una vez que Rajoy sentó la postura del partido sobre este asunto, no se desvió de ese registro, y evitó alimentar nuevas polémicas. Sus dirigentes evitaron referirse a la actuación de Garzón.
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