La compra del local de Tamaimo estuvo avalada por el informe del asesor jurídico

J.A.M., Santiago del Teide

La compra de un local en Asomada Alto por el Ayuntamiento de Santiago del Teide para el depósito de materiales y otros enseres contó con un informe favorable emitido por Domingo Javier Castillo, abogado y asesor del gobierno municipal, según explicó el alcalde, Juan Gorrín. Dicho informe determina que el inmueble está "fuera de ordenación" en función del Plan General y la legislación aplicable, por lo que "confluyen circunstancias tanto fácticas como jurídicas sobre el mismo que hacen viable la realización de cualquier negocio jurídico".

De hecho, el alcalde de Santiago del Teide manifestó a EL DÍA que la adquisición de este inmueble en Tamaimo, de 400 metros cuadrados, contó con el beneplácito verbal de la portavoz del Grupo Municipal Socialista existente en el mandato anterior, Cahora Forte.

Dicho informe especifica que la obra tiene más de 10 años de antigüedad y que en 1989 le fue otorgada una licencia municipal "para la apertura y explotación de negocio de compraventa de vehículos".

Además de constatar que existe escritura notarial de dicha propiedad, aclara que la construcción está "sujeta a la intervención de varias administraciones públicas" por ocupar "suelo rústico de protección agrícola costero", una parte, y zona de "protección de infraestructuras", otra.

El asesor también señala en su informe que no se aplicaron las medidas urbanísticas solicitadas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) contra dicha obra porque el ayuntamiento "no inició procedimiento en tiempo y forma" y porque la intervención del Cabildo "no ha tenido lugar". Por ello, se aplica al inmueble la legislación en materia de caducidad y prescripción de presuntas infracciones.

Este informe discrepa abiertamente del emitido por la Secretaría General del Consistorio santiagués, en el que se reflejó que el inmueble "es contrario al planeamiento urbanístico" y que la operación de compra del mismo por parte del ayuntamiento no obedece al interés general ni resuelve sus necesidades, sino "el problema particular" de sus propietarios.