Ha habido algunas quejas de vecinos sobre el estado de la playa de Las Teresitas en estos días de verano, que es precisamente cuando más personas la utilizan. Las protestas se han centrado en la falta de limpieza. Estos problemas no se estarían produciendo si hubiesen concluido las obras de remodelación de la playa. Entonces Santa Cruz contaría con otro gran espacio para el ocio. En cambio, la situación es muy distinta. Las obras de las instalaciones aledañas han comenzado y se han detenido, se han reanudado y han vuelto a detenerse. En definitiva, renquean hacia la nada.
Aunque los problemas de limpieza de la playa se han solucionado satisfactoriamente, cabe preguntarnos por qué está ocurriendo esto. Ante todo, por el empeño de algunos personajes en judicializar la política. Los tribunales están para resolver litigios y condenar a quienes incumplen la ley, pero no para suplantar una actividad que le corresponde a las instituciones democráticamente conformadas, en este caso un ayuntamiento. Y este punto de vista no es sólo nuestro. Se han manifestado reiteradamente en este sentido varios magistrados. A cualquier ciudadano le asiste todo el derecho del mundo para acudir a los juzgados si considera que alguien, incluida una corporación pública, ha cometido un atropello con él. Tampoco discutimos -sería absurdo- la facultad de la Justicia para intervenir de oficio siempre que considere que ha sido vulnerada la ley. Poner en duda esto sería dinamitar la base de una sociedad democrática.
Sin embargo, no es este el caso del conflicto que rodea al proyecto de la playa de Las Teresitas como un maléfico halo. Al menos no es el caso en el cien por cien de dicho conflicto. La realidad es que determinados políticos quieren conseguir mediante un litigio judicial lo que no han logrado con los votos de los ciudadanos. Alcanzado este punto, no nos importa decir que ciertos personajes están empeñados en perjudicar al regidor de Santa Cruz, Miguel Zerolo, así como a empresarios que han generado mucho empleo y riqueza en Tenerife. Eso no es, en modo alguno, hacer justicia, sino propagar una injusticia. Un agravio que mantiene a las autoridades de Santa Cruz con los brazos caídos, en una desesperante espera que regocija a muchos.
Porque ya que hablamos de tribunales y de judicialización de la vida política, recurrimos a una máxima del Derecho Penal para buscar al culpable de un delito: ¿quién tiene el motivo, los medios y la oportunidad? Sin que la obstrucción premeditada a las obras de Las Teresitas adquiera la penal categoría de delito, podría ser un buen motivo para torpedear las obras la intención de que la playa de Las Canteras no pierda cierta hegemonía. ¿O no? Por lo demás, los medios y la oportunidad son obvios, pues el PSOE canario siempre ha beneficiado a Canaria, el PP tinerfeño está férreamente controlado desde Las Palmas y los maquinadores canariones han infiltrado algunos caballos de Troya entre nosotros. Quien no lo vea es porque no quiere verlo.
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