La liberalización comercial entra en la recta final en las Islas en pocas semanas

JOSUÉ GARCÍA, S/C de Tfe.

La Dirección General de Comercio tiene previsto entregar el mes que viene al Consejo de Gobierno canario el primer borrador para la transposición de la Directiva comunitaria de liberalización de los servicios, que ha sido muy cuestionada por la Confederación Regional de Comercio (Coreco). Ésta argumenta que pondrá en grave riesgo la supervivencia del tejido empresarial isleño. El director general del área, Arturo Cabrera, manifestó a EL DÍA que aún se está perfilando ese documento, que en principio estaba previsto para marzo pasado.

"Llega demasiado tarde", analiza el secretario general de la Asociación de Supermercados de Canarias (Asuican), Alonso Fernández, quien recuerda que la normativa, a la que deben dar su visto bueno el Gobierno español y la Comisión Europea, entrará en vigor en enero de 2010. Además, apunta que al País Vasco y Cataluña "ya se le han echado atrás modificaciones en sus leyes de Comercio", por lo que Canarias deberá hilar fino para cumplir con los plazos previstos.

Hay que recordar que la Directiva 2006/123/CE, conocida como Bolkenstein en honor del ex comisario europeo de comercio interior, persigue la articulación de un mercado efectivo de prestación de servicios en el seno de la Unión Europea (UE) mediante la eliminación de todo mecanismo proteccionista y discriminatorio de los estados miembros.

No obstante, deja la puerta abierta a que, en virtud de criterios relacionados con la ordenación territorial, el interés general y la protección del medio ambiente, se puedan incluir salvedades en su adaptación. "Las normas que dicta la Comisión son tan amplias que, para regiones tan pequeñas como el Archipiélago, que además es ultraperiférico, hay que hacer una adaptación específica", resume Alonso Fernández.

"Una de las grandes bazas es la planificación del territorio, porque pone en juego el interés de cada Isla en determinar cuál debe ser su equipamiento comercial", añade, pero también advierte de que "la barrera -que separa estos criterios de la discriminación que busca erradicar la Directiva- es tan delgada que probablemente no la pasemos", al menos en el primer intento de transposición, que en ese caso deberá ser revisado por la Comunidad Autónoma.

Que el listón que impone la Comisión tenga una naturaleza tan delicada es precisamente lo que siembra la desconfianza de Coreco en la labor de transposición que está realizando el Gobierno. "Canarias es la región con más grandes superficies por kilómetro cuadrado; esperemos que no se tomen medidas que perjudiquen más al pequeño comercio", señala el presidente de la patronal, Luis de Miguel, quien afirma estar "preocupado por el futuro del centro de las ciudades".

Los comerciantes quieren exponer, en una reunión que mantendrán con el titular del Ejecutivo autónomo, Paulino Rivero, también en septiembre, "qué se puede hacer para limitar la Directiva Bolkenstein y que no cambie la Ley de Comercio canaria". De Miguel expresa una clara voluntad de "intervenir" en la redacción del borrador, algo a lo que Arturo Cabrera se opone. "Se someterá a consenso, pero ésa es una labor que compete sólo a la Dirección General de Comercio", sentencia.