Barranco Grande exige que se cierre la planta de hormigón

TACHI IZQUIERDO, Tenerife

La asociación de vecinos El Molino, del barrio de Barranco Grande, ha exigido el "cierre inmediato de la planta de hormigón que se ubica en el kilómetro 3,200 de la Carretera General del Sur (TF-28), en la zona de Cuevas Blancas".

El colectivo vecinal argumenta que dichas instalaciones "no son legales", pues según explicaron sus representantes "en el transcurso de una reunión hace un mes con la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, Luz Reverón, se nos anunció que existía una orden de cierre por cese de actividad".

Francisco García, vocal de la asociación El Molino, también recordó que en octubre de 2007 el concejal del Distrito del Suroeste, Hilario Rodríguez, "nos aseguró que pesaba una orden de cierre inminente sobre esta hormigonera", por lo que se preguntó "cuánto tiempo hay que esperar para que se cumplan los trámites de las decisiones de las administraciones públicas".

Los vecinos aseguran que "en todo caso esta planta es nociva para las miles de personas que viven en su zona de influencia", así como que "representa un peligro ecológico, porque es una instalación que vierte al aire una gran cantidad de cemento en polvo".

Además, indican que esta instalación, que hace más de tres décadas se montó como una machacadora de áridos, que aún permanece en el lugar, incumple a todas luces la normativa vigente, pues este tipo de instalaciones deben permanecer en recintos cerrados cuando están próximas a núcleos de población".

García indicó que el cemento que se propaga por el aire, "por la falta de medidas de seguridad en la planta de hormigón, afecta tanto a Barranco Grande, como a Los Alisios y La Gallega", además de "los vertidos de cemento líquido hacia un barranco próximo".

El colectivo vecinal señala que no "tenemos nada en contra de los trabajadores de esta planta", aunque puntualizan que "ese lugar tampoco reúne las condiciones mínimas para realizar el trabajo".

Por ello, el portavoz de esta asociación lo que reclama es que "si hay una orden de cierre, que se ejecute", aunque matiza que si la actividad debe permanecer, "que lo haga acorde a lo que establece la legislación y con las medidas de seguridad exigidas, tanto para su entorno como para las personas que operan en la misma".