COLPISA, Madrid
La Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, ordenó ayer al juzgado de guardia de San Sebastián que localice a Iñaki de Juana Chaos, ex jefe del "comando Madrid" de ETA en los años ochenta, o a su representante legal, y que lo cite en los próximos días para interrogarlo como imputado de un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, sancionado con penas de uno a dos años de cárcel y que permite acordar la prohibición de residencia en determinados lugares o el alejamiento de las víctimas. El etarra abandonó la cárcel el pasado 2 de agosto con todas sus condenas extinguidas.
El magistrado Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, pide al magistrado donostiarra que interrogue al ex recluso sobre la carta que presuntamente escribió el 2 de agosto para que fuese leída en la calle Juan de Bilbao de San Sebastián, durante el homenaje que le tributaron un puñado de radicales sólo unas horas después de que abandonara la prisión madrileña de Aranjuez.
En la misiva, publicada al día siguiente con su firma por el diario Gara, De Juana Chaos disculpa su ausencia al acto para huir del "circo mediático" al que se cree sometido y, entre otras cosas, envía "calurosos abrazos" a los "compañeros" de ETA y califica a Domingo Iturbe Abásolo, "Txomin", el jefe de la banda en los llamados "años de plomo", cuando los asesinatos terroristas se contaban por decenas, de "gran hombre" y "amigo" del pueblo vasco.
El exhorto remitido por el juez instructor a su colega donostiarra incluye el cuestionario de preguntas que desea que le haga al ex jefe etarra, entre las que la fundamental es si es el autor de la carta que le atribuyen tanto los organizadores del homenaje como Gara, pero de la que las fuerzas de seguridad no han podido determinar la autoría por no haber podido conseguir el documento original.
Su respuesta a esta pregunta será fundamental para el futuro de la causa, porque la carta es el único indicio claro de delito que existe contra él, ya que los informes elaborados por la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza no aportan pruebas sobre la autoría de la misiva, no dicen quién es la mujer que la leyó en San Sebastián en su nombre y ni siquiera identifican a los organizadores del homenaje.
Los únicos elementos que reseñan son que los congregados cerraron la calle por la fuerza y sin autorización, que se dieron gritos de apoyo a ETA y que el homenaje se realizó bajo pancartas firmadas por Askatasuna, la asociación ilícita de ayuda a los presos de la banda. Sólo identifican a cinco asistentes, pero no establecen su grado de protagonismo ni si hicieron algo ilegal.
Derecho a no declarar
Si De Juana admite que es el autor de la carta, tanto el juez como el fiscal que lo interroguen le pedirán explicaciones sobre varios de los pasajes más comprometidos de la página y media de comentarios y tratarán de averiguar otros extremos del homenaje, como cuál fue su contacto con los organizadores o cómo y a través de quién les hizo llegar la misiva. Si también da respuesta a estas preguntas, la Fiscalía podría reclamar nuevas imputaciones. No obstante, un imputado en España siempre puede acogerse a su derecho de no declarar.
La posibilidad de que De Juana se encuentre fuera de España en el momento en que traten de notificarle la citación -la Policía irlandesa lo situó hace días en Dublín- no es un problema siempre que los agentes logren poner la cita judicial en conocimiento de su representante legal o de un familiar directo, que serían los encargados de informarle de qué día y a qué hora debe comparecer en los juzgados de San Sebastián. Los problemas, que podrían suponer incluso el dictado de una orden de detención, se producirán si no acude a la cita con el juez.
Por otra aparte, el juez Velasco citó ayer a declarar el próximo lunes a Zigor Goikoetxea, hermano de Arkaitz, el jefe del recién desarticulado "comando Vizcaya", imputado por amenazas terroristas. El Código Penal prevé para este delito penas de entre diez y quince años de cárcel.
Goikoetxea será interrogado dentro de las diligencias abiertas por la denuncia presentada por Marisa Arrúe, portavoz del PP en el ayuntamiento de Getxo.
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