EFE, Madrid
Las instalaciones científicas singulares podrían ser penalizadas y en todo caso amonestadas, si no cumplen con un plan de actuación a medio plazo, con un horizonte de cinco años, que les será exigido desde septiembre próximo, para garantizar un mejor funcionamiento y una mayor coordinación de las mismas.
Así lo anunció el secretario general de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia e Innovación, José Manuel Fernández de Labastida, quien explicó que esta cartera firmará una especie de "contrato" con las instalaciones científicas singulares, que podría suponer la retirada de ciertas partidas económicas, si no cumplen con los planes establecidos.
En el mismo, se especificaría el régimen de funcionamiento previsto por parte de la instalación con un horizonte de 5 años, y los recursos que en función del mismo se recibirían por parte del Ministerio de Ciencia, lo que obligará a aquélla a no alejarse de los objetivos fijados en un plazo establecido.
Este sistema de planificación a medio plazo es el que se aplica en la mayoría de los países, para aquellos proyectos de gran envergadura, como los de las instalaciones singulares, en los que las medidas adoptadas son "muy costosas", y deben ser "muy meditadas y estudiadas".
Desde septiembre, las instalaciones científicas singulares ya consolidadas en España, que son en torno a una veintena, tendrán que plantear una programación estratégica a medio plazo, "lo que implicará una evaluación internacional de su actividad, y con arreglo a eso, se elaborará un plan de financiación de cada una de ellas".
Entre los requisitos exigidos para que una inversión sea considerada como Instalación Científica y Técnica Singular (ICTS) figura el que sea única en su género, tenga características diferenciadas y esté destinada al desarrollo experimental de procesos tecnológicos innovadores.
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