EL DÍA, S/C de Tenerife
Desde que el Gobierno estatal aprobó el paquete de 24 medidas económicas el jueves de la semana pasada, que refuerzan otras 70 destinadas a reducir numerosos procedimientos administrativos que afectan a las empresas, los partidos políticos y los sindicatos se han mostrado críticos, en diferente nivel, con estas iniciativas.
El Partido Popular (PP), que advirtió la semana pasada de que la crisis está "en una fase inicial que puede hacerse mucho más profunda y grave", calificó nada más conocer las actuaciones previstas para hacer frente a la situación como "un auténtico refrito" conformado por "medidas desafortunadas e ineficaces".
Así lo expresó entonces la vicesecretaria de Organización de esa formación política, Ana Mato, y el portavoz de Economía en el Congreso, Cristóbal Montoro, al término del tercer encuentro del comité de seguimiento de crisis económica, órgano de ese partido constituido con el fin específico de evaluar la situación económica de España y que se reúne todas las semanas.
Otros partidos de la oposición también mostraron su rechazo al paquete de actuaciones económicas, como el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que a través de su portavoz lo calificó de "decepcionantes e insuficientes".
Una de las iniciativas concretas que mayores críticas originaron se refiere a la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, medida que significa el recorte de 1.800 millones de euros y que sólo estaban obligadas a pagar cerca de un millón de personas en todo el país.
El coordinador general de Izquierda Unida (IU) de Asturias, Jesús Iglesias, lamentó la decisión al acusar al Ejecutivo estatal de "proteger a los que más tienen".
En la misma línea, tanto CCOO como UGT a nivel nacional lamentaron la supresión de este impuesto al "mermar" las cuentas públicas". El recorte de fondos excede, según los cálculos de los sindicatos, a la dotación de la Ley de Dependencia.
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