EL DÍA, Tenerife
La Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias anunció ayer en un comunicado la puesta en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de unos hechos que pueden suponer, a juicio del sindicato, un "presunto delito de prevaricación por parte del Gobierno de Canarias", al permitir mantener dentro del cupo de liberados institucionales -con cargo al cupo de empleados públicos dedicados a la participación institucional previsto en los acuerdos de concertación social de Canarias-, a personas que no tienen la condición de empleado público.
Además, la Federación de Servicios Públicos de UGT advierte de que pondrá en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción el "presunto hecho grave" de que se pueda estar "librando dinero de los presupuestos de la comunidad autónoma de Canarias para trabajadores que no son empleados públicos, cuando el propio Ejecutivo es conocedor de que bajo ningún concepto se puede abonar cantidad alguna de dinero por ese concepto a alguien que no ostenta dicha condición de empleado público".
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