COLPISA, Madrid
La Diputación Permanente del Congreso forzará este miércoles, salvo sorpresa, a José Luis Rodríguez Zapatero a acudir a un pleno extraordinario de la Cámara para debatir sobre la financiación autonómica. Todos los grupos, salvo el socialista, han anunciado que respaldarán una petición en ese sentido de Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, no así una del PP con igual objetivo porque las fuerzas catalanas consideran que su único objetivo es desgastar al Ejecutivo.
El presidente del Gobierno dice estar dispuesto a acudir al Congreso a explicar la propuesta de financiación, pero duda de la utilidad de ese debate cuando están abiertas unas negociaciones bilaterales y multilaterales entre el Ejecutivo y las comunidades en las que se busca un acuerdo en esa materia.
Responsabilidades
Sus dudas, sin embargo, no frenarán la comparecencia porque todos los grupos secundarán la petición para que aclare "los incumplimientos de los acuerdos de financiación" previstos en el Estatut, que contempla que se llegue a un entendimiento a los dos años de vigencia de la ley de autogobierno, es decir, el pasado 9 de agosto, fecha que pasó sin acuerdo.
El Gobierno, por el contrario, cree que ese plazo era para presentar una propuesta y argumenta que si no hubo acuerdo fue porque una parte, la Generalitat de Cataluña, no quiso que lo hubiera.
Rodríguez Zapatero sólo podría soslayar esa derrota parlamentaria si logra que algún grupo respalde al socialista en el rechazo a la iniciativa. Sus ojos, en un principio, se posaron en el PNV, pero los nacionalistas vascos anunciaron que secundarían la postura que tomase CiU, y la federación catalana resolvió secundar la moción de Iniciativa y Esquerra.
Mes de comparecencias
Con este panorama, el único instrumento que tiene el Gobierno para salir airoso de la encrucijada es solicitar de "motu proprio" un pleno extraordinario.
Pero Rodríguez Zapatero no es el único miembro cuya presencia en la cámara reclaman los grupos parlamentarios. El PP pretende que la vicepresidenta primera explique las gestiones de la Oficina Económica del presidente del Gobierno a favor de determinadas empresas, en referencia a la presunta mediación del ex responsable de ese departamento David Taguas. Iniciativa, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto quieren que la ministra de Administraciones Públicas proporcione más datos sobre el paso de Taguas de La Moncloa a la dirección de la patronal de la construcción.
El PNV y CiU reclaman a la ministra de Defensa para que dé detalles sobre la seguridad de la flota pesquera que faena en el Océano Índico. Ambos grupos más Esquerra Republicana, Iniciativa, IU y el Grupo Mixto también reclaman que la ministra de Fomento informe de la privatización parcial de Aena. Y los populares asimismo aspiran a que la ministra de Educación y Política Social explique la reducción de fondos para la ley de Dependencia, entre otros.
el nuevo sistema
El Gobierno prepara otra propuesta
El Gobierno no ha dicho su última palabra en materia de financiación autonómica. Ante el rechazo que suscitó la primera propuesta, que no satisfizo a casi nadie, prepara una segunda que presentará en septiembre u octubre a las comunidades con la idea de llegar a un acuerdo antes de fin de año. Un objetivo complicado puesto que las diferencias de las autonomías entre sí, y entre éstas y el Ejecutivo central son muy notables. El PSOE y el PP, además, no logran poner orden en sus filas porque sus gobernantes han colocado los intereses de sus territorios por encima de las consignas de partido.
El Ministerio de Economía trabaja en una nueva propuesta de modelo o, mejor dicho, en una mejora del que puso sobre la mesa, que planteaba una cesión del 50% del IRPF y del IVA, y del 58% de los impuestos especiales sobre el tabaco, alcohol y carburantes a las comunidades. En la actualidad, las autonomías gestionan el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales. En este apartado, en contra lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, no existen grandes discrepancias. No obstante, dos de ellas amenazan con convertirse en insolubles: los criterios para el reparto de fondos y los mecanismos de solidaridad.
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