Las inmobiliarias cuestionan la utilidad real de convertir pisos libres en VPO

JOSUÉ GARCÍA, S/C de Tfe.

Las medidas anunciadas en las últimas fechas, tanto por el Gobierno canario como por el estatal, para facilitar la conversión de promociones de pisos libres en viviendas de protección oficial (VPO) podría no verse correspondida por un impulso a la demanda, según algunos expertos inmobiliarios de las Islas. Más allá de que con este tipo de medidas se pueda mantener temporalmente la actividad constructora, las inmobiliarias siguen apuntando a las dificultades de las familias para acceder a la financiación como el principal escollo que impide que el mercado se revitalice.

El delegado en Canarias de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI), Alfredo Sosa, considera que el problema de la caída en la compra de viviendas "no se debe al régimen de éstas, sea libre o VPO, sino a la crisis de confianza que hay en el sector financiero, pues el potencial comprador de los inmuebles más económicos del mercado es precisamente el más afectado por ésta".

Sosa explica que los precios de la vivienda libre se han corregido ya al menos un 15% respecto a los que se manejaban en 2007 y alerta de que el importe de muchas viviendas libres "se asemeja ya bastante al de la VPO". Detalla que el precio máximo de ésta "fue revisado al alza recientemente, a 1.334 euros por metro cuadrado, de modo que una vivienda de 80 metros cuadrados quedaría en 106.720 euros, garaje aparte".

Ante la constricción de las diferencias entre el precio libre de las viviendas económicas y el de las protegidas, "la mayoría de los compradores optarán por las primeras, pues podrán realizar las plusvalías libremente y sin restricción de venta alguna". El delegado de AEGI considera que la conversión "podría ser una solución para algunas promociones de producto económico y muy concretas, pero no es la medicina contra la actual crisis".

Por su parte, el delegado en Tenerife de la Red de Expertos Inmobiliarios, Isidro Martín, afirma que la iniciativa sólo será un revulsivo "si el Gobierno estatal o autónomo conceden subvenciones a los compradores de viviendas protegidas". Tal y como está planteada la medida, las ventajas se centran más en rescatar promociones de viviendas libres con pocas posibilidades de ser vendidas en la coyuntura actual, e intentar con ello que los constructores mantengan su actividad.

La creación de un tipo de vivienda intermedia aportaría, según Martín, "más calidad y, aunque requeriría una serie de obligaciones, también tendría más flexibilidad". Destaca que ya en el pasado se han tomado iniciativas de este tipo a escala nacional que repercutieron de forma positiva en el mercado. De todas formas, coincide con Sosa en que "la primera cuestión es que los bancos no abren la mano; están exigiendo demasiadas garantías".

También se expresan en la misma línea en el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria tinerfeño (Coapi). Su contador, Jorge Violán, habla de la conveniencia de un "pacto financiero entre las entidades" para facilitar el acceso al crédito y que la demanda de pisos no protagonice una caída aún mayor.