Un nuevo Estado (¿sin Canarias?)

CON LA LLEGADA de los meses del estío la política parece que se toma un descanso, pero hay meses de agosto en los que las despedidas vacacionales o las vueltas al trabajo se convierten en algo más que frases huecas y se transforman en auténticas declaraciones de intenciones. Sin duda, el adiós veraniego de José Montilla, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha sido una de esas despedidas nada agostadas, que encierran mucho y que dejan a las claras que las relaciones del Estado con las comunidades autónomas han cambiado mucho en los últimos dos años. Montilla se marcó frases tan duras como "Cataluña tiene más pobres que habitantes otras comunidades", o advirtió de que puede haber una "radicalización" si no hay acuerdo en torno a la financiación que recoge el Estatut. De nuevo, el presidente catalán habla de tú a tú al Estado, en una relación más federal que autonómica, con exigencias propias de quien se sabe apoyado y respaldado por una realidad social, económica y política. Ese apoyo, ese respaldo y ese poder que exhibe Montilla se escenifica no sólo en Cataluña, sino también en el seno del Gobierno estatal y del PSOE, que si bien sale al paso para responder a Montilla no lo hace con la virulencia propia de otros casos, como, por ejemplo, cuando los dirigentes canarios explicitamos reivindicaciones mucho menos agresivas que las de los socialistas o independentistas catalanes.

Ese desacuerdo, claro y meridiano, de la clase dirigente catalana con el Estado a cuenta de la financiación es sólo el inicio de un problema muy grave que tiene entre manos el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. No es baladí el exabrupto de Montilla, es el reflejo de que algo está cambiando en el sistema político del Estado español. Lo cierto es que cambió ya hace dos años, cuando fue aprobado un estatuto de autonomía que ponía plazos y metas muy concretas que ahondaban en las cotas de autogobierno para los catalanes. Para los catalanes. Es ahí donde reside el engaño, o el posible engaño, al que fueron sometidas el resto de comunidades autónomas. Se estableció un marco muy diferenciado para Cataluña, un sistema que si se aplicara para todos sería un principio de igualdad, más o menos justo, pero igualitario al fin y al cabo, pero no es el caso. Hay dos Españas, siempre las ha habido, pero debe ser parte de las tareas indispensables del gobierno que esa diferencia no se agrande y que el principio de solidaridad que une al Estado siga siendo el vértice principal en el que se apoyen las relaciones entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Pero, tras abrir el melón de las reivindicaciones federalistas -algunas van más allá, incluso- de catalanes, vascos o gallegos, los socialistas no deben, ni pueden, cerrarlo para que el resto de pueblos nos quedemos mirando al techo y a la espera de otro proceso que, vista la polémica existente en la actualidad, puede tardar otros 30 años en abrirse. Canarias, ya lo he dicho en multitud de ocasiones, no es menos que Cataluña, País Vasco, Galicia o Andalucía para poder reivindicar mayores cotas de autogobierno y competencias que nadie parece discutir (salvo Pedro Solbes, claro, que sabe que variar el criterio de reparto financiero entre las comunidades puede abrir un proceso irreversible de revisión de las relaciones económicas del Estado y las comunidades). El ejemplo de la cogestión de los aeropuertos es un ejemplo; lo que es bueno para Cataluña no lo parece para Canarias. Y no. Desde la coherencia de un discurso nacionalista debemos impedir que nos instalemos en el furgón de cola de las comunidades autónomas. Debemos exigir el reparto justo, equitativo, sin olvidar la solidaridad que merece el Archipiélago y que, históricamente, no se ha concretado nunca. No es tiempo de ahogar con cifras, pero las mismas están ahí y el Estado no cumple como debiera con Canarias.

Y no es la primera vez que este Gobierno socialista trata de escurrir el bulto ante una evidencia manifiesta. Está claro que Zapatero busca poner paños calientes a la situación que están planteando los catalanes con un sempiterno "no pasa nada", pero pasará, si no está ocurriendo ya. Insisto, Montilla no se lanza al ruedo con un envite tan duro sin tener atado el respaldo de toda una sociedad financiera y política. Esa negación de la mayor ya está comenzando a ser sintomático en los socialistas de Zapatero; recuerden que no había crisis -el malabarismo eufemístico del presidente para no pronunciar el término crisis llegó a ser ridículo- y ahora miren en la que están metidos todos los ciudadanos del Estado; y cuando se negoció con ETA se dijo que no se hacía. En Cataluña sí que pasa algo, sí que se está fraguando un nuevo estatus en el que el papel del Estado y sus funciones empieza a ponerse en duda. No se trata de elucubraciones de los nacionalistas desaforados, no, se trata de reivindicaciones de los socialistas catalanes, de los que forman parte del Gobierno central y autonómico y que, por cierto, amenazan cada cierto tiempo con hacer uso de sus diputados -porque lo cierto es que son del PSC, no del PSOE- en el Congreso de la carrera de San Jerónimo para presionar ante ciertas tomas de decisiones que afectan a Cataluña.

"Todavía hay demasiados tics del pasado, demasiadas resistencias y demasiado desconocimiento del nuevo marco jurídico del Estatuto". La sentencia es de Montilla, socialista catalán que, sabedor del poder que le ha otorgado la aprobación del citado estatuto de autonomía, parece que no va a parar hasta conseguir lo que legalmente a Cataluña él cree que le compete. En Canarias todavía no poseemos ni siquiera esa revisión estatutaria. De nuevo, la España de dos velocidades. Los canarios no debemos, como mínimo, dejar de solicitar, dentro del marco democrático de nuestra Constitución, ni un ápice menos de lo que exige el presidente catalán. Exigencias que no han hecho más que comenzar y que, sobre todo, los vascos, junto a gallegos, andaluces o valencianos, ya tienen preparadas con, incluso, mayor vehemencia.

* Alcalde de Santa Cruz y diputado en el Parlamento de Canaria