Entre 2001 y 2007 apenas se derribaron cuarenta viviendas

O.G./N.M.

A pesar de ser una de las comunidades autónomas donde más denuncias por viviendas ilegales se presentaron -1.400 en 2006-, en Canarias apenas un puñado de éstas acabaron en demoliciones entre los años 2001 y 2007.

Las infracciones contra la normativa urbanística han sido el origen de la mayoría de las demoliciones que se han producido en Canarias en los últimos años, muy por encima de los incumplimientos de la legislación medioambiental o de la Ley de Costas, según el balance de la actividad de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), desde casi los orígenes de este organismo dependiente del Gobierno de Canarias y que, entre 2001 y 2007, abrió 89 expedientes que acabaron en demolición, con un alto coste para las arcas públicas.

La construcción de viviendas, apartamentos y edificios de carácter ilegal estuvo detrás de la gran mayoría de estos casos, especialmente las primeras.

Así, desde 2001 a 2007, en el Archipiélago se echaron abajo 39 viviendas y ampliaciones de éstas que se habían levantado contraviniendo las leyes, mientras que el número de edificios ascendió a cuatro (con 17 plantas demolidas) y 17 apartamentos, la mayoría de los cuales se encontraban en la isla de Tenerife. Esta Isla, con 26 expedientes abiertos, encabezó una lista que situó a Gran Canaria en segundo lugar, con 21. Por detrás estuvieron Fuerteventura (16), Lanzarote (9), La Palma (7), El Hierro (6) y La Gomera (4).

No obstante, ni mucho menos todas las viviendas que acabaron derruidas eran precisamente pequeñas construcciones levantadas por la necesidad imperiosa de sus propietarios. Así, algunos casos resultaron esclarecedores sobre la realidad de muchas de las que habían sido demolidas.

En 2004, por ejemplo, se abrió un expediente de derribo contra una vivienda con bodega y lagar en San Sebastián de La Gomera que, con un coste de 5.144,47 euros, fue demolida por la Apmun. La misma suerte corrió una casa con piscina en el municipio de La Frontera, en El Hierro, en enero de 2002.