Medio Ambiente ha demolido once viviendas ilegales en lo que va de año

O. GONZÁLEZ, Tenerife

Unas veces por infringir la normativa urbanística, otras por incumplir la legislación medioambiental y otras tantas por vulnerar la Ley de Costas, lo cierto es que en los primeros siete meses del año 2008 la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, ha ordenado la demolición de once viviendas ilegales en cuatro de las siete islas del Archipiélago canario.

Según los datos a los que ha tenido acceso EL DÍA, los derribos de las construcciones ilegales se han producido entre el 3 de marzo y el 31 de julio del presente ejercicio en El Hierro, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Precisamente, es la isla tinerfeña la que encabeza el ránking de viviendas demolidas hasta la fecha en 2008, con cinco órdenes ejecutadas en otros tantos municipios de la geografía insular.

La primera de las demoliciones se produjo el 4 de marzo en el municipio de El Sauzal, concretamente en la zona conocida como Lomo Piedra, mientras que la segunda se llevó a cabo en la localidad sureña de Granadilla el 22 de abril, en la zona conocida como Toscas Gordas. El tercero de los derribos se realizó el 14 de mayo en el municipio de Arona, también en el sur de la Isla, en una zona conocida como La Florida Alta, mientras que los dos restantes se produjeron el pasado mes de julio, el primero en el Camino Lomo la Pina, en la localidad de Güímar, y el segundo en El Tarajal, en el municipio norteño de Icod de Los Vinos.

El Hierro

Por su parte, la destrucción de las dos viviendas ilegales en la isla de El Hierro se llevó a cabo en el mes de marzo, una en la zona de Los Mocanes, en el municipio de La Frontera, y la otra en las proximidades de la Punta del Bajío, en la capital herreña. En La Palmas, las edificaciones ilegales demolidas hasta ahora se localizan en Las Caletas, en la localidad de Fuencaliente, y en el Llano de Tamanca, en El Paso, la primera de ellas en el mes de marzo y la segunda, tan solo, un mes después.

El resto de casas ilegales que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias ha ordenado derribar en los últimos siete meses, por infringir las leyes, habían sido construidas en la isla de Gran Canaria, concretamente en el municipio de Telde. Las dos edificaciones, que habían sido levantadas en la zona de La Huesas, fueron derribadas entre el 14 de junio y el 24 de julio. Estas viviendas cierran, de momento, el capítulo de actuaciones de la Apmun en lo que va de año. No obstante, podrían no ser las últimas, puesto que algunos de los expedientes sancionadores abiertos contra otras edificaciones aún no han sido resueltos.

Cabe recordar que desde el año 2001 el derribo de las construcciones ilegales ha supuesto un desembolso para las arcas públicas de 1.113.137,82 euros, según el balance de la Apmun hasta el año 2006.

Estos pagos, en cualquier caso, han ido disminuyendo con el paso del tiempo, puesto que cada vez son más frecuentes las demoliciones voluntarias.