COLPISA, Madrid
Un magistrado del Tribunal Supremo (TS) sumó ayer su voz a la de quienes reclaman la instauración en España de la cadena perpetua revisable para castigar a criminales considerados peligrosos o de muy difícil reinserción como terroristas, pederastas, violadores o maltratadores de mujeres.
El juez Francisco Monterde, miembro de la Sala de lo Penal del TS, consideró "muy razonable", e incluso "deseable", esta posibilidad con la particularidad de que sea revisable para que el delincuente, transcurrido un tiempo de condena, es sometido a una revisión para analizar su grado de reinserción y resolver si se acorta o se mantiene la reclusión.
Monterde, miembro destacado de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), explicó que la reclusión de por vida, vigente en estados europeos como Gran Bretaña, Francia, Holanda y Alemania -que no cierran la puerta a una eventual excarcelación del criminal-, evitaría lo que denominó "muchos efectos llamada", y terminaría con la imagen de que España es un país poco severo con los delincuentes. Este castigo dejó de existir en España con la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Homologación penal
El magistrado hizo esa reflexión en San Lorenzo del Escorial en los cursos de verano de la Universidad Complutense, donde defendió la necesidad de que España esté "en perfecta homologación" con los países de su entorno en materia penal. Explicó que el encaje de la cadena perpetua revisable en el ordenamiento jurídico español sería perfecto, a su parecer, porque la Constitución establece que las penas "están encaminadas a la reinserción". "La cadena perpetua propiamente dicha no existe en ninguna parte", subrayó.
Monterde no es el único juez que defiende la pena de prisión perpetua, anhelada por algunas asociaciones de víctimas del terrorismo y reclamada la pasada legislatura por muchos ciudadanos en las movilizaciones convocadas con el apoyo del PP contra el diálogo del Gobierno con ETA y la excarcelación del etarra De Juana.
El portavoz del CGPJ, Enrique López, insistió esta misma semana en que la aplicación de la cadena perpetua en casos de terrorismo es "plenamente constitucional". López subrayó que si en España, para salir de prisión, los poderes públicos exigieran, como en Francia, un arrepentimiento, se evitarían casos como la alarma social que generó la excarcelación de De Juana.
El Gobierno de Aznar reformó en 2003 el Código Penal para que determinados terroristas pasen hasta 40 años en prisión, medida que algunos partidos y organizaciones equipararon con la implantación de una cadena perpetua encubierta. López defendió "seguir en la línea comenzada en 2003" para que el cumplimiento de las penas sea efectivo.
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