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Sanción de 15.000 euros por realizar vertidos de residuos en Güímar

Santa Cruz de Tenerife, EFE
11/ago/08 18:15 PM
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La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha multado con 15.000 euros al presunto responsable de realizar vertidos incontrolados de residuos no peligrosos en La Asomada, en las inmediaciones de la Finca Salamanca, en el municipio tinerfeño de Güímar.

El responsable de los vertidos, publica hoy el Boletín Oficial de Canarias (BOC), ha cometido una infracción grave según lo estipulado en la Ley de Residuos de Canarias, que tipifica como infracción grave el vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin que se haya producido un daño grave a los recursos naturales ni sean susceptibles de producir daños graves a la salud humana.

Los residuos vertidos, envases metálicos, los materiales inadecuados para el consumo y escombros por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, y la lista europea de residuos, son residuos no peligrosos.

Se trata de un vertido incontrolado, añade el BOC, ya que el infractor carecía de las autorizaciones administrativas correspondientes, entre ellas, la licencia municipal y la calificación territorial, según consta en el informe técnico hecho público el 8 de abril de 2008.

El daño ambiental producido por el vertido en el suelo y en el paisaje, según el informe, es significativo.

Es por ello que tras la denuncia formulada además por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por dichos vertidos, la APMUN ha decidido sancionar al infractor con 15.000 euros, así como con el cese temporal, total o parcial, de las actividades.

Asimismo, de conformidad a la Ley de Residuos de Canarias, el infractor estará obligado, sin perjuicio de la sanción administrativa que en este caso se imponga, a la reposición de las cosas a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo de tres meses, contado a partir del momento de la notificación de la resolución sancionadora.

En caso de incumplimiento se autoriza al órgano a que ejerza la potestad sancionadora de imponer al infractor sucesivas multas coercitivas, cuya cuantía no deberá exceder de un tercio de la sanción impuesta.