Optimismo y control para afrontar los malos tiempos

UNA de las principales obligaciones de todo representante público es transmitir confianza y seguridad a quienes lo han elegido para defender los intereses de la comunidad. Y es que, además de velar por los derechos de los ciudadanos, es necesario tener capacidad de trabajo, constancia, dedicación y no sucumbir nunca ante el pesimismo. Los cargos públicos debemos aplicarnos aquel sabio refrán que apunta eso de "al mal tiempo buena cara" y transmitir un mensaje de optimismo que, junto con el control, la priorización del gasto y medidas anticíclicas, son la mejor receta para afrontar los malos tiempos que corren y lograr superar las dificultades económicas de las que, desgraciadamente, un día sí y otro también conocemos nuevos datos.

Una de las últimas noticias que en esta línea hemos conocido es el anuncio realizado por la Naviera Fred Olsen sobre una inminente supresión de servicios y plantilla, que de llegar a producirse supondrá un duro golpe no sólo a La Gomera, sino al conjunto del Archipiélago canario, de ahí que desde el Cabildo insular hayamos instado al Gobierno regional a tomar cartas en el asunto; asegurar el máximo de conexiones marítimas y proteger a los trabajadores, sobre todo en las islas menores, donde sus efectos son más notorios.

En momentos difíciles es cuando más se debe notar que hay un Gobierno que vela por los derechos de los ciudadanos y que se ocupa de asegurar las prestaciones que resultan vitales en un Archipiélago y entre las que, sin lugar a dudas, están los transportes, columna vertebral para la cohesión territorial y el desarrollo económico y social de esta comunidad.

Los transportes son fundamentales para Canarias, tal y como se reconoce incluso a través de normativas y regulaciones como la obligación de servicio público, pero, por desgracia, el anuncio de la empresa marítima no es el único que puede significar un retroceso en las comunicaciones, dado que ya han empezado a producirse también comunicados similares de compañías aéreas y de otros muchos sectores.

Hay que recordar que los datos económicos advierten que la construcción y la hostelería son dos de los sectores más afectados por la crisis y con ellos el Gobierno canario también debería sentarse a negociar pues, aunque tenemos que reconoce que la realidad actual obliga a adoptar medidas drásticas para garantizar la continuidad de las sociedades y, por tanto, la seguridad de los puestos de trabajo que se mantienen y la posibilidad para volver a generar empleo, no es menos cierto que las instituciones públicas, en este caso el Gobierno de la Comunidad Autónoma, no puede cruzarse de brazos ante el sombrío panorama al que se enfrentan numerosas familias, ni tampoco limitarse a exigir a las Corporaciones locales que devuelvan ingresos.

Cuando se asumen o mantienen compromisos superiores a los que uno se puede permitir se corre un riesgo mayor que las reducciones de plantilla, y que es la desaparición de las empresas, o, lo que es lo mismo, la destrucción drástica del mercado laboral. Por tanto, hasta cierto punto pueden resultar comprensibles las regulaciones de empleo empresariales. No obstante, cualquier anuncio de pérdida de trabajo es negativo, y las administraciones tienen que responder, bien a través de nuevas alternativas laborales o bien por medio del arbitrio de ayudas para todos aquellos que se quedan sin recursos.

Todas las instituciones -ayuntamientos, cabildos, comunidad autónoma y Estado- igual que las empresas, se ven afectadas por la crisis, pero no menos afectado está el ciudadano de a pie y no podemos permitir el desamparo de aquellos a los que representamos, que es precisamente lo que se provoca cuando se reclaman devoluciones económicas y se pone en un difícil papel a las corporaciones más cercanas al vecino.

Estos días, el Ejecutivo canario ha planteado a los Cabildos que devuelvan unos 200 millones de euros de los que estaba previsto transferir entre 2008 y 2009. La crisis ha provocado una reducción del consumo; ha habido una merma en la recaudación de los impuestos derivados del REF, el IGIC y el AIEM, y hay menos para repartir. Hasta ahí todos de acuerdo, pero habrá que buscar la manera de perjudicar lo menos posible a la población, que es a la que se destinan los ingresos de las Corporaciones locales.

Lo que no es de recibo es que ante situaciones complicadas nos limitemos a buscar chivos expiatorios, sin mirar las consecuencias; intentemos trasladar el problema al Estado o, como única alternativa, se intenten rescatar viejas fórmulas sobre impuestos como el ITE, que correspondía a los cabildos y que, pese a los acuerdos de reparto alcanzados, fue ingresado directa e íntegramente en las arcas de la Comunidad Autónoma.

Los cabildos y también los ayuntamientos, que del mismo modo se verán afectados por la pretensión del Ejecutivo regional, han expresado su preocupación ante lo que constituye un serio problema, y lo mismo ha hecho el líder de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, quien ha afirmado que la demanda regional refleja la imprevisión con que se hicieron los Presupuestos de 2008, en los que hay prioridades absolutamente equivocadas. La Policía Canaria, sobre la que ya se ha anunciado la convocatoria de los primeros contratos, o la Televisión Canaria, entre otras, no resultan las inversiones más convenientes en estos momentos, en los que todos debemos optimizar los recursos para evitar la reducción de servicios básicos.

*Presidente del Cabildo de La Gomera