Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura deben implantar de inmediato el uso del tacógrafo

CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.

La admisión a trámite esta semana del recurso contra la Ley canaria del Transporte por Carretera deja en vigor la disposición estatal que establece la implantación del tacógrafo en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, cuando la norma isleña preveía su obligatoriedad en todo el Archipiélago. Además, obliga a su uso desde ya, mientras que la ley canaria fijaba una aplicación "paulatina".

El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno canario, Juan Ramón Hernández, aclara que la medida "no afecta para nada" la existencia de la Mesa del Transporte y que, hasta que el Constitucional resuelva el asunto, Canarias aportará fondos para su implantación en las tres Islas.

Lo cierto es que ese departamento impulsará "sin dilación" a la vuelta de las vacaciones de verano, y de manera simultánea, tanto la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que irá al Parlamento para su discusión, como la aprobación de tres reglamentos en esa materia que serán discutidos por los agentes económicos y sociales de las Islas para ir "cuanto antes" al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Y es que el inminente recorte de frecuencias de rutas que Fred. Olsen ha anunciado para el próximo mes pone en evidencia la importancia del transporte en el desenvolvimiento de la economía del Archipiélago.

Hernández anunció que su consejería tiene "casi listas" las tres propuestas reglamentarias que desarrollarán, y que son, en concreto, el transporte marítimo, que "en breve se entregará a los agentes económicos y sociales", la actividad de los taxis y el Reglamento General del Transporte por Carretera.

Los borradores de estos dos últimos "ya están en las manos" de empresarios y sindicatos y el Ejecutivo confía en alcanzar "el consenso" en la elaboración de su versión definitiva.

También lo cree así el portavoz parlamentario en materia de transportes de la oposición, Julio Cruz, que prevé que la ronda de consultas impulsada por el Gobierno para sacar adelante los reglamentos "sólo llevará más desorden a una ley que ya abunda en contradicciones".

El Partido Socialista Canario (PSC) lamenta la "pérdida de tiempo y dinero" en la elaboración del desarrollo tanto de la ley que regula el transporte por carretera como la del ámbito marítimo, y subraya que se trata de un "asunto de primera importancia en el que el Gobierno carece de una política cohesionada y cuenta con textos legales inconstitucionales que perjudican al sector".

El Ejecutivo conseguirá el consenso que aspira, afirma Cruz, "pero lo pagará con los problemas que originará la admisión inconexa de todas las demandas de los diferentes subsectores consultados, que usualmente son contradictorias, sólo por darle gusto a todo el mundo". El portavoz socialista critica el "déficit" legislativo canario en materia de transporte, que deja sin regulación aspectos como el transporte ferroviario y el guiado, que "son clave para el tranvía y los futuros trenes" de las Islas.

En cambio, el Gobierno canario descarta ese escenario. El consejero asegura que "la prisa" por modificar la ley reguladora del transporte por carretera se debe al acuerdo alcanzado entre Canarias y el Estado en esa materia que, ahora, recoge un criterio "uniforme y satisfactorio".

El Ministerio de Fomento recurrió por inconstitucional esa norma y la del transporte marítimo al considerar que algunos aspectos que desarrollaban invadían o contradecían las competencias del Estado. El único punto que queda por resolver se refiere a la implantación del tacógrafo en las Islas.