EFE, Caracas
La diputada uruguaya del Mercado Común del Sur (Mercosur), Adriana Peña, adelantó ayer que "no va a ser positivo" el informe que elaborará para ese organismo sobre las inhabilitaciones a políticos venezolanos presuntamente corruptos, porque "lo que hemos podido apreciar es muy negativo".
Peña señaló que estaba en Venezuela a título personal y rechazó la advertencia del canciller, Nicolás Maduro, de que no debía inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela como son el funcionamiento de los poderes del Estado y la naturaleza de sus leyes.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur argumentó que el informe será negativo, porque sólo se han entrevistado con quienes sostienen la tesis de que las inhabilitaciones son un atentado contra los derechos humanos.
La diputada uruguaya aseguró que, pese a no estar en misión oficial del Mercosur, trató de conocer la posición del Supremo, de la Contraloría y del Gobierno venezolano, pero no lo logró. "Si no han querido dar su versión, es que algo hay que esconder, el que calla, otorga", opinó Peña, que llegó acompañada por la diputada paraguaya Mirtha Palacios.
La visitante uruguaya acusó al Gobierno de "no querer brindar su información" y al ministro de Exteriores de haber "hablado demasiado" sobre su visita a Venezuela.
Peña y Palacios se reunieron con diversos representantes de partidos políticos, juristas constitucionalistas y estudiantes universitarios, todos de la oposición, entre ellos Leopoldo López, uno de los inhabilitados y promotor de la tesis de que la Contraloría y el Supremo han violado sus derechos humanos.
Peña dio por sentado que ambas instituciones del Estado venezolano atropellaron principios democráticos, y afirmó que si Caracas no quiere "complicar" su ingreso al Mercosur, debe cumplir "la reglamentación establecida para evitar que se cometan excesos contra los ciudadanos".
Las inhabilitaciones fueron decididas por la Contraloría en base a una ley anticorrupción aprobada por el Parlamento en 2001 con los votos de "todos" los partidos de oposición representados en ella, y siendo diputados algunos de los políticos que ahora piden que no se aplique.
El Supremo, ante el que los inhabilitados interpusieron recursos de nulidad, estableció el 5 de agosto que esa ley no transgrede la Constitución y, en consecuencia, la actuación de la Contraloría se ajusta al derecho. El principal rechazo a esa sentencia partió de Leopoldo López, alcalde de Chacao, el municipio más rico de Venezuela, y aspirante a la Alcaldía Mayor de Caracas en las regionales y locales del 23 de noviembre.
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