N. VIZOSO, S/C de Tenerife
El abogado de los propietarios de los puestos de atraque del puerto deportivo de Los Gigantes, Felipe Campos, ha mostrado su preocupación tras haber sido informado por el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, de que está esperando la emisión por parte de la consejería de un contrainforme que dirima finalmente si debe llevarse a cabo o no la nulidad del nuevo reglamento que instauró Acantilado de Los Gigantes SA (Agigansa) como concesionaria del puerto.
La sorpresa del abogado deriva de que ya con fecha de 29 de mayo de 2008 se le había remitido al consejero una propuesta de resolución del jurista de la consejería que proponía la nulidad del reglamento, que había aprobado la Dirección General de Puertos, por considerar que incidía en relaciones jurídicas privadas que pueden perfectamente coexistir en un ámbito administrativo público.
Felipe Campos ha explicado que recientemente se reunió con el consejero de Obras Públicas y Transportes para transmitirle la preocupación por los presuntos actos coactivos en los que estaba incurriendo Agigansa al alquilar los puestos de atraque a terceras personas e impedir su uso a los propietarios escudándose en la aplicación de un nuevo reglamento que está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y lamentó que tras el anuncio del consejero de estar esperando un segundo informe "empezamos a dudar de la transparencia de la Administración ya que como el primer informe no concluye lo que a Agigansa le interesa, al parecer, ahora están esperando por otro para dilucidar sobre el caso".
Campos habla, incluso, de una posible "mano negra" que permitió que se aprobara un reglamento que "es clarísimamente nulo al incidir en relaciones privadas y que, al parecer, está poniendo todas las trabas posibles para que se lleve a efecto la nulidad del reglamento que proponen los servicios jurídicos de la propia consejería". Además, recordó que todo deriva de un cambio en el Consejo de Administración de Agigansa, en el que entraron a formar parte, entre otros, el asesor del alcalde de Santa Cruz, Tomás Azcárate Díaz de Losada; su padre, Tomás Azcárate Bang, o el gerente de Hospiten, Ignacio Zerolo Sáez.
Para el abogado de los propietarios de los atraques esta situación es preocupante, sobre todo si se pone en relación con la autorización que concedió el 22 de marzo de 2007 la, denominada por entonces, Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda a Agigansa para la constitución de una hipoteca sobre la que actualmente pesa una causa penal por un presunto delito de falsedad documental y estafa al hipotecar tres parcelas que no eran propiedad de la concesionaria. La solicitud se registró con fecha de entrada el 20 de marzo de 2007 y se resolvió favorablemente el 22 de ese mismo mes, resultando "un récord absoluto de la Administración", ironizó Campos.
En relación a esta denuncia por estafa y falsedad, Agigansa ha manifestado que la hipoteca, dedicada íntegramente a la sustitución de los pantalanes requerida por la consejería y originada ante la posibilidad de caducidad de la concesión y la negativa de los titulares a pagar, fue lo que provocó la mencionada denuncia por parte de algunos titulares con el objetivo de obviar sus obligaciones, aunque la hipoteca ha sido realizada respetando escrupulosamente la legalidad y será cancelada en cuanto los titulares asuman su obligación de sufragar los pantalanes nuevos.
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