La escasez de precipitaciones durante el invierno pasado ha provocado una notable disminución de agua en los acuíferos de Tenerife. Las balsas del Norte de la isla apenas llegan al 28% de su capacidad de embalse, lo que está imposibilitando el suministro de agua a los agricultores de las zonas de medianías y el consiguiente abandono de tierras y de cultivos.
El agricultor tradicional de las zonas de medianías del norte de Tenerife ya no puede aguantar más penurias. El paulatino abandono de tierras y cultivos tradicionales, como la papa y otras hortalizas, ha sido forzado bien por la entrada de plagas y enfermedades foráneas imposibles de erradicar, bien por los vientos huracanados que han devastado cultivos en plena fase vegetativa, bien por un golpe de calor, etc., y ahora es el agua la que no llega a las fincas.
En la búsqueda de los responsables de lo que pasa con el agua en la isla, debemos evaluar el funcionamiento de este mercado. Que el mercado esté al servicio de la sociedad, o la sociedad al servicio del mercado depende de las reglas que condicionan este mercado, el marco institucional bajo el que funciona.
En Tenerife, es justo reconocer que son las inversiones privadas en pozos, galerías y canales las que han permitido abastecer de agua a las actividades económicas y a la población de las ciudades, siendo el papel de las inversiones públicas poco relevante hasta la llegada, hace algo más de una década, de BALTEN.
La realización de obras de mantenimiento, de ampliación y de mejora en las estructuras hidráulicas en Tenerife que corren a cargo de BALTEN son siempre establecidas conforme a las directrices del Consejo Insular de Aguas y el propio Cabildo Insular de Tenerife. Estas infraestructuras benefician, entre otros, a los agricultores de medianías permitiéndoles seguir cultivando y salvar sus cosechas en épocas de sequía o de escasez de agua.
Podemos asegurar, por lo tanto, que, sin dejarnos de engañar, la intervención del Cabildo Insular de Tenerife, del Consejo Insular de Aguas y de la propia BALTEN es un servicio público "eficiente" por las altas inversiones en infraestructuras hidráulicas de oferta de agua realizadas en los últimos años, pero poco "eficaz" por carecer de capacidad para controlar el oligopolio del agua que padecemos en la isla.
Los elevados costes en que han incurrido los inversores capitalistas para la extracción privada del agua a lo largo de nuestra historia, aun a pesar de que los beneficios obtenidos son tan espectaculares que el riesgo ha merecido la pena, no parecen suficiente para justificar la titularidad y la propiedad de este bien social hasta la eternidad, el infinito y más allá, y su uso especulativo.
Con el agua en pocas manos, todo aumento de la demanda se refleja en un movimiento en el mismo sentido de los precios y estos precios en vigor no reflejan, en su mayoría, ni la escasez ni la calidad del agua, sino la existencia de acuerdos previos entre intermediarios.
Como el agua en la isla es fuente de riqueza y de poder, por su condición de bien escaso e imprescindible, los "aguatenientes" lo utilizan como vehículo para instalarse en otras esferas de influencia y si no, sirva como ejemplo el hecho de que son los propios dueños de pozos y galerías los que forman parte de la mesa de diálogo social del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, siendo ellos, la Administración, la que tiene potestad de autorizar o no toda petición de obra de captación de agua por particulares. Bajo esta audacia se esconde una planificación y cesión de derechos implícita que maquilla la complicidad entre los organismos oficiales y los dueños del agua para convertirlos en verdaderos árbitros de la gestión hídrica de Tenerife, y viéndose además favorecidos con subvenciones públicas en sus iniciativas empresariales.
Es muy normal también que el aguateniente esté implicado en empresas que dedican grandes superficies de cultivo a la agricultura, constituyéndose como representantes de los agricultores en los órganos de gobierno de las cooperativas agrarias. Los mismos agricultores a los que venden el agua y con cuyo voto le garantizan el suministro. Están tan instaurados en la burguesía canaria que seguramente hay agricultores que tanto para comprar agua para sus cultivos, como para comercializar sus producciones o para pedir un préstamo en un banco tienen que negociar con la misma persona.
Quizá sea el momento de empezar a exigir al Gobierno regional que intervenga en esta caciquil situación, que se ponga en marcha un foro social en el que se vaya definiendo qué tipo de Ley de Aguas queremos los canarios, y si eso es lo que queremos, reestructurar el mercado con el fin de ir transformando en pública la actual estructura privada de la propiedad del agua, garantizando su suministro a todos los sectores sociales y liberándonos del yugo de los aguatenientes. Hace unos años se llegó a redactar un anteproyecto de ley que en su artículo tercero declaraba que «todas las aguas, sean superficiales o subterráneas, son de dominio público. El carácter público de las aguas no se pierde nunca ni en ningún caso». Tal anteproyecto no salió nunca adelante y no ha habido ningún partido político en el poder que se haya atrevido, siquiera, a "rozar" el tema incluyendo este debate en sus programas electorales.
* Presidente de UCA
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