CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.
El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, manifestó ayer que está "dispuesto a recibir, si así lo piden de manera formal", a los representantes de los trabajadores de la línea aérea Spanair en Canarias, que el pasado jueves solicitaron mediante un comunicado remitido a EL DÍA la intervención del Ejecutivo autónomo, "en la medida de lo posible", para defender sus intereses, "como ha hecho ya el Govern de Baleares en su ámbito territorial".
La empresa efectuó ayer, como estaba previsto, la presentación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante la Dirección General de Trabajo, en Madrid. La medida afecta a 954 empleados en todo el país a tiempo completo y hasta un máximo de 1.062 trabajadores de la plantilla de la empresa y a 131 de su filial de Ventas.
Spanair justificó la iniciativa "por razones de carácter económica, técnicas y organizativas" y la calificó como su "respuesta" a la crisis que afecta al sector aéreo a consecuencia "del continuo incremento del precio del carburante, la disminución de la demanda debido a la actual recesión económica y el exceso de oferta".
El presidente del Comité de Empresa de Spanair en Tenerife Sur, Joseph De Rossi, ratificó ayer que, en Canarias, los puestos de trabajo que pueden llegar a verse afectados por el expediente oscilan entre 319 y 418.
La repercusión en las Islas es tan elevada porque Spanair cuenta con bases de escala en las dos islas capitalinas, que disponen de personal de rampa, ventas y tráfico. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, además, hay tripulantes.
1.062 despidos en el país
Juan Ramón Hernández insistió en que los empleados de la empresa "no han pedido una entrevista de manera oficial hasta el momento", y a pesar de que dejó claro que la competencia en materia de transporte aéreo "corresponde sólo al Estado", adelantó su predisposición a recibirlos.
El ERE plantea, entre otras medidas, el cierre de las bases operativas de la empresa en Tenerife Norte y Las Palmas, junto con las de Bilbao, Málaga y Palma de Mallorca para concentrar las operaciones en Madrid y Barcelona.
De Rossi adelantó que, "por lo pronto, el expediente presentado por la empresa parece excesivo" a los trabajadores, a la espera de una valoración de más profundidad que se deberá producir en el transcurso de la semana que viene, una vez que hayan hablado entre sí los representantes de los comités de empresa de todo el país.
"Tenemos que evaluar la propuesta de la compañía antes de continuar las negociaciones", advirtió el representante sindical. Y es que De Rossi avanzó que "difícilmente" habrá un acuerdo con la dirección de Spanair sin que las partes se sienten a discutir los términos del ERE, "porque como está formulado, es improbable que lo acepten los trabajadores".
El expediente "es mucho peor de lo que esperábamos los empleados, pero confiamos en que habrá un margen para negociar y reducir su impacto", señaló De Rossi.
Una vez que los empleados adopten una postura única en relación a sus demandas frente a la empresa, se constituirá la Mesa de negociación, para retomar el proceso con la directiva de Spanair.
Por su parte, la empresa explicó ayer, mediante una nota, que el ERE "pretende garantizar la continuidad de la compañía y el mantenimiento de los cerca de 3.000 puestos de trabajo restantes".
El expediente incluye, según apuntó Spanair, medidas como la reducción de la capacidad en un 24%, la reducción de costes y un plan de ahorro de gastos de 90 millones de euros para 2009.
El plan de viabilidad incluye, siempre según la nota, la disminución del tamaño de la compañía, la reducción de costes y mejoras en la eficiencia y en la captación de ingresos.
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