Chávez apela a la mano dura contra la inflación y el desabastecimiento

COLPISA, Caracas

Chávez apeló a la mano dura al promulgar dos leyes para combatir el desabastecimiento de alimentos, la especulación y abatir la inflación, flagelos que azotan al país pese a las enormes regalías de su renta petrolera en los últimos años.

Ambas normas, promulgadas por Chávez junto a otros 24 decretos-ley el jueves pasado, último día en que gozó de las facultades excepcionales que le concedió el Parlamento durante año y medio, provocaron rechazo en la oposición y recelo entre los empresarios.

La ley de "Seguridad y soberanía alimentaria" y la de "Defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios" aumentan el control estatal sobre la economía y pavimentan el camino hacia el Socialismo del Siglo XXI que propugna el mandatario venezolano. Se pretende con ellas "superar el hambre como elemento estructural capitalista y la progresiva disminución de la intervención de capitales especulativos" en el mercado alimentario.

"El acaparamiento, la especulación y la presión inflacionaria con motivos políticos" serán sancionados con penas de hasta tres años de cárcel para los infractores, se advierte en las normas. Esta ley "regulará toda la cadena de producción y distribución de alimentos y además, garantizará que los alimentos lleguen a las zonas deseadas y no se produzca ningún tipo de desviación", explicó el viceministro de Economía Agraria, Richard Canán.

El poder del Estado

La nueva legislación precisa que el Estado es el encargado de "formular, dictar, ejecutar y supervisar las políticas agroalimentarias", dejando sin margen a la iniciativa privada, que ni siquiera podrá intervenir a la hora de fijar los precios de los alimentos, potestad privativa del Ejecutivo.

En sus 172 artículos, la ley crea una "reserva alimentaria estratégica" bajo control estatal y dispone la intervención de "consejos comunales regionales", que junto a representantes del Ejecutivo determinarán qué productos se deberán consumir por región para equilibrar la distribución de alimentos.

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Pedro Baraybar, expresó su preocupación por la regulación del sector y consideró que se vulnera la libertad económica de las empresas. "El impacto en primera instancia que podemos determinar es que el Estado decidirá qué es lo que se debe comer, cuánto y dónde".

El conjunto de la oposición afirma que estas leyes introducen elementos de la reforma constitucional oficialista que fue rechazada en referéndum en diciembre pasado y las tildan de una "reforma disfrazada".