COLPISA, Madrid
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, pidió a la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo (TS) que ilegalice a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), a los que considera "instrumentos o herramientas" de "ETA-Batasuna" para burlar la sentencia de ilegalización que desde 2003 impide al brazo político de ETA concurrir a las elecciones. El abogado del Estado expone esa tesis en los dos escritos de conclusiones sobre los procesos de ilegalización contra ANV y PCTV que ayer entregó al TS. Al igual que la Fiscalía, que el lunes dio a conocer las suyas, el Ejecutivo subraya que estas formaciones compartían locales, lenguaje, símbolos, fondos y hasta "una caja común o única", que servía para financiar actividades de Batasuna.
El Gobierno subraya que del "análisis conjunto de los actos y tomas de posición" de ANV y PCTV, basado en pruebas e informes realizados por los servicios de información de la Policía, se desprende que estos dos partidos vulneraron "con toda seguridad" la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Hasta el punto, en el caso de ANV, de que esa formación fue "fagocitada por Batasuna, perdiendo su identidad como organización independiente", y en el caso del PCTV la actuación de sus diputados en el Parlamento vasco estaba "totalmente controlada por ETA-Batasuna" a través de sus dirigentes Joseba Álvarez y Jone Goirizelaia.
En sus conclusiones, el abogado del Estado incide en que la administración financiera de ANV, PCTV y Batasuna se hizo desde la sede del PCTV de Usurbil. En el registro de ese local, la Policía halló evidencias de que las tres formaciones compartían una cuenta común en La Caixa, a la que iban a parar sus fondos para luego ser administrados de forma unitaria.
También se hallaron en el local del PCTV las claves bancarias secretas que permitían manejar, a través de internet, las cuentas de ANV, y varias facturas correspondientes a gastos de Batasuna. Asimismo, el escrito resalta que ambos partidos contrataron a miembros de Batasuna, a quienes abonaron varias cantidades. Para el letrado del Gobierno, todo eso sería "inimaginable" si ANV y PCTV fuesen, como aseguran sus abogados, organizaciones independientes "y no meras personifica-ciones de una única organización".
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