EFE, Caracas
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López dijo ayer que la resolución del Tribunal Supremo de confirmar su inhabilitación política atenta contra los derechos humanos y reconoció que no podrá presentarse a las elecciones locales de noviembre.
El Supremo dictaminó el martes que la ley en la que se basó el Contralor de la República, Clodosvaldo Russián, para inhabilitar a López y a otras 271 personas como aspirantes a presentar candidatura en esas elecciones municipales y regionales se ajusta a la Constitución. "Esta decisión del Supremo viola los derechos humanos y no hay ninguna manera de esconder eso", dijo López a la prensa al considerar la decisión judicial.
"Es una conjura de los poderes públicos contra el pueblo", añadió López, que es alcalde del municipio caraqueño de Chacao y pretendía inscribirse como candidato a la Alcaldía Mayor de Caracas para las elecciones del próximo 23 de noviembre.
El dirigente opositor ratificó que tratará de "internacionalizar" su caso y llevarlo a cualquier instancia en el exterior que pueda tener algún grado de competencia en el asunto.
"Iremos al Mercosur, iremos al merconorte, iremos a Europa, a Asia, a la China, a todos los rincones del planeta para explicar que aquí en Venezuela se están violando los derechos del pueblo, los derechos humanos", manifestó López. También dijo que el verdadero artífice de la decisión no fue el Supremo sino el presidente del país, Hugo Chávez.
El alcalde, que culminará su mandato este año, agregó que no necesita de nuevos cargos públicos para seguir trabajando por un cambio político en el país.
"No necesito un cargo para construir la democracia en Venezuela. Mi próximo cargo será el de ciudadano común que camina por las calles y trabaja por la esperanza de un pueblo que no se quiere rendir", explicó el alcalde de Chacao, el municipio de mayor nivel de renta de Venezuela.
Russián inhabilitó políticamente a 272 personas -tanto simpatizantes del Gobierno como opositores-, por haber incurrido presuntamente en actos de corrupción durante el ejercicio de cargos públicos.
El Contralor defendió la inhabilitación política, que es una sanción administrativa, como mecanismo para luchar contra la corrupción.
El alcalde López agregó que se mantiene la convocatoria para el sábado a una marcha de protesta contra las inhabilitaciones.
Muestras de solidaridad
También confirmó que se reunirá con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur, la uruguaya Adriana Peña, quien llegó ayer a Venezuela, a título personal, para recopilar información sobre el asunto de las inhabilitaciones.
El alcalde de Chacao ha recibido muestras de solidaridad de algunos partidos opositores pero no de todos, porque su inhabilitación despeja el camino a la candidatura de otros representantes antichavistas.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) estableció que las inhabilitaciones dictadas por el Contralor de la República, Clodosvaldo Russián, no violan la Constitución como alegaron algunos de los políticos afectados.
La decisión del Supremo responde a los recursos de nulidad presentados por 15 inhabilitados contra la imposibilidad de presentarse como candidatos en las elecciones regionales y municipales del próximo 23 de noviembre.
Una reseña del TSJ se limitó a precisar que se declaró "la Constitucionalidad del Artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal".
El ponente de la decisión fue el magistrado Arcadio de Jesús Delgado y en la decisión salvó su voto el magistrado Pedro Rondón.
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