COLPISA, Madrid
El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, aseguró ayer que el objetivo de la consulta aprobada por el Parlamento vasco "es orientar la actividad de los partidos", por lo que su celebración "no tiene consecuencias negativas" y su resultado no constituirá obligación jurídica para el Estado ni un mandato para modificar el ordenamiento constitucional.
En nombre de PNV, EA, EB y Aralar, cuyos líderes presentaron en el TC las alegaciones de estos partidos al recurso del Ejecutivo, Urkullu tachó de "provocación" los argumentos de José Luis Rodríguez Zapatero contra la ley que faculta el referendo que el lehendakari quiere celebrar el 25 de octubre.
En sus alegaciones, los responsables nacionalistas insisten en la necesidad de que el TC decida antes del 15 de septiembre, la fecha prevista en la ley para la convocar la consulta. Lo contrario, subraya su texto conjunto, dejaría "arrumbada y sin efecto alguno" la decisión del Parlamento vasco, que consideran "legítima, legal y democrática". La falta de un pronunciamiento claro antes de ese día no sólo impediría la aplicación de la norma, sino que convertiría en ineficaz una eventual sentencia favorable a la celebración de la consulta, al tratarse de una ley de caso único, que agota su vigencia con su mera aplicación. El TC tiene de plazo hasta el 15 de diciembre para pronunciarse.
El líder peneuvista aseguró que sus partido presenta esas alegaciones "desde la serenidad y la normalidad" ante la "provocación" que a su juicio supone para las instituciones del País Vasco el recurso de Rodríguez Zapatero. Una "provocación" que "no sabemos si busca una confrontación institucional o social", explicitó.
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