COLPISA, Madrid
El Gobierno quiso dejar ayer claro al Tribunal Constitucional (TC) cuál es el debate de fondo en el recurso contra la ley vasca de la consulta y por qué insiste en que anule la norma y la mantenga en suspenso mientras resuelve si es o no constitucional.
El Ejecutivo, según desgrana el abogado del Estado en un escrito de doce folios, está convencido de que el referendo que quiere celebrar Ibarretxe el 25 de octubre en el País Vasco no es más que "un instrumento" con el que pretende "forzar" al Gobierno central a asumir sus planes soberanistas. En otras palabras, dice que se trata del "plan B" del lehendakari después de que Zapatero rechazara sus "dictados políticos" en la entrevista que mantuvieron el 20 de mayo pasado en La Moncloa.
El escrito, en respuesta a las alegaciones del Gobierno de Vitoria, indica a la corte que la ley de consulta tiene "un desnudo interés político" y que, según reconoce en su preámbulo, como Zapatero "no quiso negociar con el lehendakari en el momento elegido por éste y acerca de los puntos seleccionados de igual y unilateral manera, se pretende movilizar al electorado vasco para forzar una negociación". Se trata, insiste, de "forzarle a que negocie cuando y como el lehendakari quiere".
"Sería un precedente"
Desde ese punto de vista, el Ejecutivo considera que levantar la suspensión cautelar de la ley y permitir la realización del referendo según el calendario previsto -15 de septiembre, convocatoria, y 25 de octubre, consulta-, tal como piden el Gobierno y Parlamento vascos, "supondría otorgar una prima política" a Ibarretxe. Además, sin saber si la norma es constitucional o no y con independencia de que en la consulta pudiesen salir derrotadas las tesis de Ajuria Enea, "se habría creado el precedente de que es posible utilizar un procedimiento de referendo para forzar políticamente al Gobierno español a seguir los dictados políticos de Ibarretxe".
El abogado del Estado considera evidente que el interés del Gobierno vasco en celebrar la consulta pese al recurso es puramente estratégico y defiende que las razones del Ejecutivo van en sentido "puramente contrario". Asegura que el interés del recurso gubernamental es "no permitir que se movilice a los electores vascos como instrumento de presión para forzar la voluntad política del Gobierno en asuntos que, como el derecho a decidir o de autodeterminación, afectan a todos los españoles". Por tanto, con su presentación se quiere "contrarrestar el intento de manipular o instrumentalizar al electorado vasco, al que se pretende implicar en un proceso de consulta cuya validez constitucional está en litigio".
Comparación de daños
El Gobierno considera que sopesados los intereses a favor y en contra de mantener la suspensión cautelar de la ley mientras se resuelve el recurso, sólo cabe concluir que el levantamiento de la medida causaría un daño "irreparable" a los intereses generales del Estado porque la consulta se habría celebrado "eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva" del Estado para convocar o autorizar las consultas autonómicas. Todo ello lesionaría "el capital interés de preservar la soberanía del pueblo español y la unidad nacional".
Por el contrario, el abogado del Estado considera que los perjuicios que sufrirían el Gobierno y Parlamento vascos si se mantiene la suspensión de la ley y el TC no resuelve el recurso hasta después del 15 de septiembre serían "menos difíciles de reparar". Bastaría con introducir en la norma aprobada en Vitoria el 27 de junio pequeñas modificaciones, como cambiar el calendario previsto, antes de poder realizar la consulta tal y como se pretendió desde un principio.
El pulso legal que los gobiernos de Vitoria y Madrid mantienen en agosto para levantar o mantener la suspensión cautelar de la consulta es muy posible que pierda todo su interés en pocas semanas. La razón es que los magistrados del TC trabajan desde julio con la intención de resolver el fondo del asunto, dictar sentencia de constitucionalidad o no de la ley, antes del 15 de septiembre, fecha en la que, según la norma en suspenso, el lehendakari pretende convocar la consulta.
Si la intención del TC se cumple y en septiembre emiten un fallo definitivo, la polémica sobre la pertinencia de la medida cautelar perderá todo su sentido, ya que ese día Ibarretxe ya sabrá si puede o no convocar su referendo.
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD
