O. GONZÁLEZ, Tenerife
Por consenso. De esta forma pretenden los grupos con representación en el Parlamento de Canarias (Coalición Canaria, Partido Popular y PSC-PSOE) que se nombre a los dos candidatos para el Tribunal Constitucional (TC) que la Cámara regional debe afrontar antes del 29 de septiembre.
Así lo hicieron saber ayer representantes de las tres formaciones políticas, quienes avanzaron a este periódico que tienen previsto reunirse la primera semana de septiembre para abordar este asunto. En la misma línea, fuentes parlamentarias avanzaron que la idea es que la propuesta que logren consensuar los distintos partidos se apruebe en un pleno que se celebrará a lo largo de la primera quincena de septiembre.
No obstante, las mismas fuentes precisaron que si finalmente no hubiese acuerdo entre CC, PP y PSC-PSOE, el artículo 195 del Reglamento de la Cámara autonómica determina que será la Mesa del Parlamento la encargada de establecer el procedimiento a través del cual se nombrará a los dos magistrados propuestos por la Cámara regional.
En cualquier caso, los distintos responsables políticos consultados coincidieron en señalar que se harán todos los esfuerzos posibles para que la propuesta que salga del Parlamento canario sea consensuada por las tres formaciones.
En este sentido, remarcaron que los dos candidatos que finalmente resulten elegidos para optar luego a la renovación del Tribunal Constitucional serán de "reconocido prestigio" en la Justicia en el Archipiélago y ajenos a cualquier formación política.
Oficio del Senado
Cabe recordar que el presidente del Senado, Javier Rojo, envió la pasada semana a los parlamentos autonómicos un oficio en el que comunicaba el plazo límite del 29 de septiembre a las 14:00 horas para que propongan a dos magistrados de los cuatro que tiene que designar la Cámara Alta para la renovación del TC.
Daba comienzo así el procedimiento mediante el cual las asambleas autonómicas pueden proponer dos nombres para magistrados del Alto Tribunal tras haber recibido la sentencia del TC que avala la constitucionalidad de la reforma del Senado.
La sentencia del Tribunal Constitucional considera que la reforma de su reglamento y, por tanto, la participación de los parlamentos autonómicos en la designación de magistrados se ajustan a la Constitución.
Los candidatos deberán acreditar que "cumplen los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes para desempeñar el cargo".
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