La gestora del puerto de Los Gigantes niega las acusaciones por coacciones

N. VIZOSO, S/C de Tenerife

El Consejo de Administración de la sociedad Acantilados de los Gigantes SA (Agigansa), entidad concesionaria del puerto deportivo de Los Gigantes desde 1975, ha trasladado a EL DÍA un comunicado en respuesta a la denuncia interpuesta contra esta sociedad por las comunidades de propietarios del puerto por los presuntos delitos de coacción a propietarios de los puestos de atraque y falsedad documental, de la que se hizo eco este periódico en su edición del pasado 20 de julio.

Según Agigansa, la regulación del funcionamiento de un puerto está sometida a las leyes sectoriales aplicables, así como al reglamento específico de regulación de los servicios que se aprueba para cada puerto deportivo. En base a este reglamento la entidad concesionaria puede ceder a terceros derechos de uso de atraques, en las condiciones establecidas en el reglamento aprobado por la administración, con sus derechos y sus obligaciones. Entre estas últimas está que cualquier titular de un puesto de atraque de cualquier puerto deportivo está obligado a sufragar, proporcionalmente al tamaño del atraque, los gastos comunes de mantenimiento, reparaciones y funcionamiento del puerto.

En este sentido, cabe recordar que la aprobación de un nuevo reglamento solicitado por la entidad gestora para sustituir a aquellos por los que se regían las comunidades de propietarios desde 1982, fue impugnada por los propietarios ya que consideraron que esta normativa regulaba las relaciones jurídicas privadas de la comunidad de propietarios. Sin embargo, pese a estar pendiente un recurso de alzada y haberse interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Agigansa comenzó a aplicar el reglamento, impidiendo a los propietarios hacer uso de los puestos de atraque si no pagaban las tasas correspondientes, por lo que fue denunciada en el Juzgado de Instrucción de Nº1 de Arona.

Sin embargo, el Consejo de Administración de Agigansa se defiende aduciendo que un puerto deportivo es dominio público, por lo que el Estado, que es quien cede la explotación por un período de tiempo determinado en régimen de concesión administrativa, es el único propietario del mismo. Por esta razón ponen de manifiesto que en el puerto de los Gigantes "nunca ha habido ni puede haber comunidades de propietarios, ya que el único propietario es el Estado".

Asimismo, y para el caso del nuevo reglamento aprobado el 13 de febrero de 2008, las obligaciones establecidas en el mismo son las mismas que las contenidas en el anterior reglamento y que en el resto de puertos deportivos del Estado: pagar proporcionalmente por el funcionamiento y el mantenimiento portuario. Cuando esas obligaciones no son satisfechas los reglamentos de los puertos impiden el uso de los atraques por parte de los titulares deudores y establece las medidas que se pueden aplicar para garantizar el funcionamiento del puerto. Según Agigansa, fue la negativa de algunos titulares, que no reconocen como válido el nuevo reglamento, a sufragar su parte proporcional del mantenimiento del puerto lo que ha obligado "a aplicar lo estipulado tanto en el reglamento anterior como en el nuevo para estos casos" lo que ha generado la denuncia por coacciones, "cuando en realidad se trata de la mera aplicación de lo legalmente establecido".

Respecto a la forma de celebración de las asambleas de titulares introducida por el nuevo reglamento, Agigansa argumenta que se equipara al modelo existente en el resto de puertos deportivos de Canarias y que se ha seguido escrupulosamente la reglamentación vigente y la legalidad.