HE DICHO varias veces que, de mi prmoción de estudiantes universitarios, he sido de los pocos que no se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Pero digo por primera vez que me pesa, y cuando el año pasado mi nieta, a los 18 años recién cumplidos, que iba para Medicina -para lo que sacó la máxima puntuación exigida en la prueba correspondiente- fue por su cuenta, y sin decírmelo a mí, a la Facultad de Derecho y se matriculó en ella, lejos de hacerle un reproche o darle un consejo, porque yo caminé para Ciencias, me pareció bien la elección, aunque me chocara un poco.
Creo yo que podía haber fundado o me hubiera apuntado en una ONG de abogados, porque en el desempeño de esta profesión y desde otras, como el ejercicio de la Medicina, se puede hacer mucho por la gente. No es que la caridad, la solidaridad y el amor al prójimo se me salga del cuerpo, es que me indigna la cantidad de injusticias, de desprecio y de desatención de la clase gobernante hacia los que menos tienen, y la impotencia ante tantas cosas voluntariamente mal hechas me saca de quicio. Aquí tengo un título y una información que realmente me saca de mis casillas, porque es un atropello y una desconsideración que merece una enérgica intervención de la Justicia. Dice el titular: "Niegan un curso con opción a trabajo a una mujer de 51 años por su edad".
Se trata de una señora, cuyo nombre no viene al caso, que ha trabajado de azafata durante veinte años y que ha denunciado -dice- ante varias administraciones públicas de Tenerife a una empresa privada que le ha negado la posibilidad de matricularse en un curso con opción a trabajo, como si fuera una oposición, porque tiene opción a empleo superado el curso.
La empresa que obstaculiza este ingreso, y que no puede alegar como razón la edad de la solicitante, porque la jubilación, que antes era a los 65 años, se llama Centro de Gestión Las Delicias, y la duración del curso es de un mes. O sea, que no va a cumplir una edad larga mientras asiste a las clases, sino que sale con 51 años y 30 días.
La señora ha denunciado en el Instituto Canario de la Mujer, organismo al que todo el aire se le va por la boca, pero miren lo que hacen con este caso clarísimo de injusticia y de violación de lo legislado el Cabildo Insular, la Cámara de Comercio y, me supongo, la Oficina de Empleo.
La víctima de esta injusticia está perfectamente sana y domina la función que requiere el empleo que solicita mediante el curso. Alegan el "tipo", como si tuviera que ser una Ava Gadner para tratar con turistas. Y creo no hace falta añadir nada más para medir la magnitud de esta vergonzosa e injusta discriminación.
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